Las subvenciones y ayudas que ha venido otorgando la Unión Europea a la pesca durante los últimos 30 años no han hecho sino provocar «la degradación de los océanos», así como de los medios de vida de las poblaciones locales, además de debilitar el propio rendimiento económico del sector e incluso la soberanía alimentaria. Es decir, dichas subvenciones habrían logrado exactamente los efectos contrarios a los que proclamaban. Estas son las conclusiones de un exhaustivo análisis que ha elaborado la organización ecologista internacional Bloom.

El documento, titulado ‘Miles de millones desperdiciados’, afirma que el resultado de tan considerable inversión “no ha sido nada positivo”. Las subvenciones específicas destinadas al sector pesquero desde 1994 han alcanzado los 22.000 millones de euros corrientes a través de los Fondos Estructurales de la UE, equivalentes a 31.000 millones de euros constantes.

A pesar de los objetivos declarados por la Comisión Europa para proteger y restaurar la biodiversidad y los hábitats marinos, así como mitigar el cambio climático, los fondos públicos europeos apoyan «actividades que contribuyen directa o indirectamente a la degradación de las especies marinas, los ecosistemas marinos y la capacidad de los océanos para secuestrar carbono».

La pesca en la UE está enteramente subvencionada, destaca el informe / Efe

El texto recuerda que el propio Tribunal de Cuentas Europeos reconoce en uno de sus informes que las acciones de la UE «no han logrado restablecer un buen estado ecológico de los mares ni devolver la pesca a niveles sostenibles en todos los mares».

Constata «la práctica ausencia de verdaderas áreas marinas protegidas en las que estén prohibidos el arrastre de fondo y otras actividades destructivas», por lo que las aguas europeas son las más sometidas a esta técnica en todo el mundo, con más del 50 % de su superficie sometida a este tipo de prácticas, frente a una media mundial del 14 %.

Es más: aproximadamente una cuarta parte (26,7 %) de la pesca de arrastre se lleva a cabo en las zonas marinas «supuestamente protegidas», cuando la custodia real del océano debería constituir «la piedra angular de la recuperación económica y social del sector pesquero europeo».

Aproximadamente una cuarta parte (26,7 %) de la pesca de arrastre se lleva a cabo en las zonas marinas «supuestamente protegidas», destaca el informe

El estudio concluye que el sector pesquero de la UE está subvencionado al 100 %, no sólo por los fondos europeos y las ayudas nacionales y regionales, sino también por «numerosos mecanismos indirectos de apoyo financiero». Sin embargo, ni siquiera así logra generar beneficios propios.

Pese a las «numerosas evaluaciones científicas» que muestran el deterioro progresivo de las aguas europeas, los fondos comunitarios no han actuado en consecuencia, e incluso han protegido «la pesca industrial de arrastre a gran escala, y no el océano». Mientras ello sucede, los pescadores artesanales de pequeña escala «recibieron únicamente el 1% de las ayudas públicas» del Fondo Europeo.

El texto también señala que España aparece como «la gran ganadora en la categoría de captación de subvenciones pesqueras en Bruselas». En 2025 su flota era la tercera más importante de Europa con 8.324 embarcaciones, frente a las 12.321 de Italia y las 11.451 de Grecia. Pero pese a ocupar ese tercer puesto en número de barcos, ocupa el primer lugar en términos de tonelaje, con un volumen de 301.000 GT o arqueo bruto del total de 1.232.000 GT a escala europea.

Mapa que muestra el tamaño de los países adaptado a la importancia de las ayudas recibidas / Bloom

“El evidente éxito de España a la hora de obtener una proporción tan abrumadora de los fondos públicos europeos puede atribuirse a la reconocida capacidad de Madrid para influir en las políticas de la UE en favor de la industria pesquera ibérica”, señalan los autores del informe.

Por ello, Bloom propone cinco estrategias para reconducir la situación, entre las que figuran garantizar la regeneración ecológica como prioridad financiera para la UE y poner fin a la financiación de la sobrecapacidad pesquera.

Las otras dos medidas son condicionar la concesión de ayudas públicas a una transición estructural del sector para garantizar su supervivencia y financiar la eliminación progresiva de buques con mayor consumo de combustible.

Además, los autores denuncian una «falta de transparencia que difícilmente puede considerarse accidental», ya que los datos facilitados por el ejecutivo comunitario «son tan opacos o incompletos que resulta casi imposible realizar una evaluación exhaustiva del gasto público».