La Fiscalía del Principado de Asturias acaba de comunicar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que llevará la sentencia de la casa de los horrores ante el Tribunal Supremo. Un anuncio que se produce una semana después de que los padres de los tres hijos fuesen puestos en libertad, tras pasar más de un año en prisión preventiva por mantener aislados a sus hijos durante cuatro años. El juicio tuvo lugar hace unas semanas en el Palacio de Justicia de Llamaquique y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias los condenó a seis meses de prisión por el delito de abandono de familia, una pena que ya han cumplido sobradamente.

Una decisión con la que no está de acuerdo la Fiscalía, que ya prepara un recurso de casación. De esta forma, el ministerio público asturiano enviará un informe a sus homólogos del Tribunal Supremo, que, basándose en el mismo, serán los encargados de confeccionar e interponer el recurso de casación ante el Alto Tribunal. Según fuentes del ministerio público, existe infracción de ley, al amparo del artículo 847.1 a), e infracción de precepto constitucional, al amparo de los artículos 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española, referido a la tutela judicial efectiva.

Mientras tanto, la mayor preocupación de los padres es recuperar a sus hijos. Ambos recibieron el lunes de la pasada semana la comunicación de que debían abandonar el Centro Penitenciario de Asturias. Desde la propia cárcel les gestionaron un taxi que pagaron con el peculio, la pequeña asignación económica que reciben los internos durante su estancia en prisión. Pasaron las primeras horas en un hotel costeado por los padres de la madre, después de perder el alquiler de la vivienda de Fitoria en la que residían y sin apenas recursos para empezar de nuevo. Su familia sufragará el alojamiento durante el tiempo que sea necesario, aunque la intención del matrimonio es acercarse cuanto antes a Gijón, donde viven sus hijos, tutelados por el Principado.

La situación de los menores no cambia con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia porque la declaración administrativa de desamparo sigue plenamente vigente. "Están contentos por haber recuperado la libertad, pero tienen una enorme ansiedad por volver a ver a los niños. Lo único que quieren es empezar a reconstruir esa relación cuanto antes", explicó hace una semana la abogada del padre, Helena González.

Javier Muñoz, letrado de la madre, asegura que el objetivo inmediato pasa por solicitar una revisión de las medidas de protección para que el contacto pueda recuperarse de manera progresiva. "Van a pelearlo. Van a pelear por reconstruir poco a poco esa familia, con visitas, fines de semana y todos los pasos que sean necesarios", explica.

Recuerda además el impacto que la separación tuvo especialmente sobre su clienta. "Era una madre tremendamente sobreprotectora. Pasó de convivir las veinticuatro horas del día con sus hijos a no poder verlos durante más de un año de prisión. Eso le ha afectado muchísimo".

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