El nombre de Jeffrey Epstein sigue proyectando una sombra muy incómoda sobre una de las instituciones más antiguas del planeta: la monarquía británica. Lo que comenzó como un escándalo de índole personal ha terminado por convertirse en un desafío sistémico. Porque, aunque legalmente la Corona no está implicada en ningún proceso judicial, la asociación pública del hermano del rey Carlos III con el financiero estadounidense ha desencadenado lo que muchos consideran un terremoto reputacional que amenaza la supervivencia de la propia institución. La detención de Andrés Mountbatten-Windsor, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público por su presunta filtración de información confidencial a Epstein durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido, ha elevado aún más la presión sobre la casa real que lo acogía.

El caso del expríncipe Andrés encaja con precisión quirúrgica en esta lógica: un hombre que encarna privilegio y poder, asociado a un delincuente sexual condenado como Epstein se convierte en el sacrificio perfecto para saciar la sed del pueblo. No se trata solo de la cuestión penal, sino de algo mucho más delicado: la ruptura del pacto emocional entre monarquía y ciudadanía. Porque en toda monarquía late un acuerdo no escrito: el pueblo tolera los privilegios mientras percibe una mínima coherencia moral. Cuando el hermano de un rey aparece vinculado a una red de abuso y trata, cuando opta por un acuerdo multimillonario antes que someterse a un interrogatorio bajo juramento, la duda se vuelve insoportable: si está tan seguro de su inocencia, ¿por qué no defenderla en el único escenario que cuenta, que es un tribunal?

La entrevista con la BBC en el Palacio de Buckingham selló su destino, porque mostró algo que la opinión pública no está dispuesta a perdonar: la desconexión con la realidad. Todo nos dibujó a un hombre más preocupado por salvar su imagen que por comprender la magnitud del daño que causaba a la institución. En ese instante, el relato que la Casa de Windsor llevaba décadas construyendo se resquebraja. La Firma (que es como llaman a la institución los Windsor) respondió como lo haría cualquier empresa de lujo en crisis: cortó lazos, se distanció y sacrificó al individuo para preservar su supervivencia, en una operación destinada a enviar el mensaje inequívoco de que la Corona está por encima de la sangre.

No es excusa, es consecuencia. Andrés no es una víctima de la opinión pública, sino de sus propias decisiones. Pero eso no impide que el modo en que se le destruye mediáticamente active resortes peligrosamente parecidos a tiempos de la Santa Inquisición con esa imperiosa necesidad colectiva de ver arder al pecador en plaza pública.

En esa misma hoguera se quema, a fuego lento, la figura de Sarah Ferguson. Durante años, su vida ha sido narrada como un culebrón de deudas, contratos televisivos, apariciones pagadas y acuerdos comerciales que parecían tener siempre el mismo denominador común: monetizar un apellido. La aparición de su nombre en el universo Epstein solo ha añadido capas de sospecha a un relato donde la codicia hace las veces de pecado capital contemporáneo y cataliza un rechazo que poco tiene que ver con la letra de la ley y mucho con la estética de la decencia. Hoy lo que se juzga es otra cosa: el derecho a equivocarse sin ser destruido, la frontera entre vida privada y espacio público. Y quien alimenta ese fuego es una maquinaria mediática que combina morbo, negocio y moralismo a partes iguales.

pPero quizá lo más inquietante de este escándalo es también que arrastra a las princesas Beatriz y Eugenia, mencionadas ahora cientos de veces en los archivos Epstein. El hecho de que su padre haya enviado fotografías suyas a Epstein o que el financiero asistiera a celebraciones familiares ha provocado un escrutinio feroz sobre qué sabían ellas, si sabían algo, y hasta qué punto fueron, siquiera tangencialmente, parte de ese círculo. El resultado es devastador: dos mujeres que han intentado construir vidas relativamente discretas se ven obligadas a justificar su agenda de hace veinte años como si hubieran sido coautoras de los pecados de sus padres. Todo bajo sospecha preventiva, morbo sobre su intimidad, dudas insidiosas sobre su lealtad moral. Como si el apellido fuera una prueba incriminatoria en sí misma.

La monarquía británica ha entendido que ya no basta con la discreción casi litúrgica que encarnó Isabel II. De ahí que Carlos III haya trazado la línea roja: el hermano caído deja de ser protegido institucionalmente, y la Corona se presenta como parte de la solución, no del problema. Pero esta estrategia tiene un coste: al ofrecer a Andrés como sacrificio público, la institución reconoce que la única manera de sobrevivir es alimentar el fuego sacrificando de los suyos. Y en ese juego, las llamas, tarde o temprano, se vuelven incontrolables. No se trata de absolver al expríncipe, ni de relativizar la gravedad de las acusaciones que orbitan en torno a Epstein. El abuso de menores, la explotación sexual y la impunidad del poder merecen toda la luz, toda la justicia y toda la reparación posibles. Pero quizá deberíamos interrogarnos sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por ese ajuste de cuentas morales cuando permitimos que se juzgue no solo a los culpables, sino también a quienes estaban cerca.