De entre todas las cosas desconcertantes del actual Gobierno, hay una que merece una reflexión de fondo: su idea de progreso. Para ellos, progresar parece consistir en aprender a convivir con la escasez, en normalizar que lo que antes era accesible hoy deje de serlo. Y no hablo solo de trenes que no llegan a su hora o de servicios básicos que ya no funcionan con la fiabilidad de siempre. Hablo del primer problema de los españoles, el que debería ocupar el centro de la acción política de cualquier Gobierno serio: la vivienda.

Tener un hogar en condiciones razonables no debería formar parte de ningún debate ideológico. Es una cuestión material, pero decisiva. Nada condiciona tanto una vida como el coste de la vivienda. De él dependen la emancipación de los jóvenes, la estabilidad de las familias, la posibilidad de formar un proyecto vital propio o, sencillamente, de vivir sin la sensación permanente de provisionalidad. Cuando el acceso a la vivienda falla, todo lo demás se aplaza: el empleo se acepta por necesidad, los planes se posponen y la vida entera queda suspendida.

Sin embargo, el Gobierno socialista lleva años abordando este problema desde un diagnóstico equivocado. Ha legislado como si la vivienda fuera un asunto de actitudes y no de oferta. Ha intervenido el mercado, ha anunciado controles y parches fiscales, pero ha evitado afrontar la raíz del problema: en España no se construye suficiente vivienda y, además, se tarda demasiado en hacerlo. Se estima que España tiene un déficit de 700.000 viviendas, que se agranda a un ritmo de 170.000 al año. El resultado está a la vista de todos: comprar es casi imposible, alquilar también, y la vivienda se ha convertido en un lujo.

A quienes más golpea esta situación es a los jóvenes. A una generación a la que se le pidió esfuerzo, formación y adaptación, y que cumplió. Estudiaron, aceptaron la precariedad como algo transitorio y, aun así, se encuentran con el mayor paro juvenil de Europa y con un mercado de la vivienda que les expulsa incluso cuando consiguen un empleo. Hoy, para demasiados jóvenes, el esfuerzo ya no garantiza avanzar, solo resistir. Y eso es profundamente injusto.

En este contexto, algunas decisiones recientes del Gobierno resultan especialmente reveladoras. Se presentan bonificaciones fiscales a propietarios como grandes soluciones desconectadas de una política seria de aumento de la oferta, cuando en realidad responden a una lógica invertida: beneficiar a quien ya tiene con la esperanza de que algo mejore para quien no tiene nada. Sin más vivienda, sin más suelo y sin seguridad jurídica, estos incentivos aislados se quedan en gestos electorales, no en resultados. Mientras tanto, la escasez persiste y los precios siguen subiendo.

El problema es más profundo. Hemos dejado de hablar del bienestar material como un objetivo político legítimo. Y, sin embargo, pocas cosas conceden tanta dignidad como poder vivir con estabilidad: un empleo que permita llegar a fin de mes, un hogar que no devore el sueldo y un horizonte que no esté permanentemente aplazado. Sin eso, todo lo demás es secundario.

En el Partido Popular hemos estudiado este asunto con numerosos expertos y tenemos claras las prioridades. Porque el debate real no es técnico ni doctrinal, sino de prioridades. O se gobierna para crear abundancia —más vivienda, más oferta, más oportunidades— o se administra la escasez con discursos cada vez más elaborados y resultados cada vez más pobres. Nosotros hemos elegido claramente la primera opción.

Por eso, el Partido Popular ha presentado un Plan de Vivienda ambicioso y realista, concebido como un auténtico proyecto de Estado. Un plan que parte de una idea sencilla: todas las políticas públicas que influyen en el acceso a un hogar deben empujar en la misma dirección. Eso significa reducir drásticamente la burocracia urbanística, otorgando licencias con silencio positivo a los 90 días y en la mayoría de obras mediante declaración responsable; acortar los plazos de concesión de permisos y de construcción, movilizar suelo público y privado; y ofrecer seguridad jurídica a quienes quieren invertir, construir o alquilar.

Somos un país que logró, hace apenas dos décadas, llegar a construir 500.000 viviendas al año, una cifra que en la actualidad contribuiría a paliar el problema. Nuestro plan apuesta por un gran shock de oferta: construir más y hacerlo más rápido. Vincular la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos a la creación efectiva de vivienda. Facilitar el acceso de los jóvenes mediante incentivos al ahorro, rebajas fiscales de hasta un 60% en Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales e IVA y avales que permitan superar la barrera de la entrada. Proteger a propietarios e inquilinos frente a la okupación y devolver confianza al mercado del alquiler. Y entender la vivienda como lo que es: la base material sobre la que se construye una vida en libertad.

En definitiva, se trata de que el Estado deje de ser un obstáculo y vuelva a ser un facilitador. De que el esfuerzo de quienes trabajan, ahorran y quieren acceder a una vivienda vuelva a tener una traducción real. Porque la gente no vive de ideología: vive de su salario, de su alquiler, de sus cuentas a final de mes. Y juzga a los gobiernos por algo muy sencillo: si su vida es un poco mejor o un poco peor.

Recuperar una política de vivienda orientada al bienestar material y a las soluciones reales no es una cuestión ideológica. Es una obligación moral y política. Y quienes han hecho su parte tienen derecho a exigir que los responsables públicos hagamos la nuestra.