El primer ministro británico, Keir Starmer, ha ofrecido este jueves una disculpa formal en nombre del Estado por el robo de 185.000 bebés a madres solteras entre 1949 y 1976 en Inglaterra y Gales. Una práctica que llevaron a cabo autoridades locales e instituciones religiosas durante décadas para evitar el estigma ligado a la concepción fuera del matrimonio, especialmente entre mujeres adolescentes. "Lo que les ocurrió a ellas, y a decenas de miles de madres, niños y familias, nunca debería haber ocurrido. Es una mancha en nuestra historia", ha asegurado Starmer en una declaración en el Parlamento.

El primer ministro ha asegurado que muchas madres jóvenes y sin apoyo familiar fueron "coaccionadas, intimidadas o engañadas" hasta el punto de creer que no tenían más remedio que permitir que les quitaran a sus hijos. "No se trató de actos aislados ni accidentales, sino de prácticas arraigadas en los sistemas de las autoridades locales, en instituciones voluntarias y religiosas, y en los servicios sanitarios y de asistencia social, incluidas algunas partes de lo que hoy es el NHS [Servicio Nacional de Salud]".

La disculpa pública se ha producido cuatro años después de la publicación de un informe de la Comisión Mixta de Derechos Humanos (JCHR, en sus siglas en inglés), que exigió al Estado que aceptase parte de su responsabilidad. "El Gobierno es el máximo responsable del dolor y el sufrimiento causados por las instituciones públicas y los funcionarios estatales que obligaron a las madres a someterse a adopciones no deseadas", señaló entonces la comisión. El entonces Gobierno conservador se limitó a pedir una disculpa "en nombre de la sociedad", al considerar que el Estado no había tenido un papel activo en estas prácticas.

La presión de las víctimas, sin embargo, llevó a la comisión de Educación del Parlamento británico a iniciar una nueva investigación y a concluir, el pasado marzo, que las decisiones del Gobierno habían creado un entorno en el que, a menudo, "se avergonzaba a las madres solteras" y se las "coaccionaba" para que dieran a sus hijos en adopción. El informe de esta comisión instó de nuevo al Ejecutivo a lanzar una disculpa pública, al mismo tiempo que pidió un mejor acceso a los expedientes de adopción y un mayor apoyo para las personas que desean ponerse en contacto con sus familias o reunirse con ellas.

La disculpa de Starmer en nombre del Estado se produce menos de un mes después de la que lanzó la nueva arzobispo de Canterbury, Sarah Mullally, por el papel determinante que jugó la iglesia anglicana durante años. "No tenéis nada de qué avergonzaros. La vergüenza es nuestra y lo sentimos profundamente", aseguró Mullally, quien lamentó el "dolor, el trauma y el sufrimiento" de las víctimas, cuando lo que deberían haber recibido era "atención y compasión". Se estima que la Iglesia de Inglaterra colaboró en la gestión o se encargó directamente de unos 100 centros para madres y bebés a los que se enviaba a las mujeres para dar a luz.

El Gobierno británico ha seguido los pasos de otros países en los que se realizaron prácticas parecidas, como Irlanda y Australia, y también al de las administraciones de Escocia y Gales, las cuales lanzaron una disculpa pública en 2023 tras la publicación del informe de la JCHR y tras años de presiones de las familias afectadas. Irlanda del Norte también tiene previsto hacerlo, aunque está pendiente de que concluya una investigación pública, siguiendo la recomendación de un informe de 2021 sobre los centros de acogida para madres solteras y para personas desfavorecidas.

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