"No podemos seguir como hasta ahora. Hay que modernizar el país (...) Les pido que contribuyan a la tarea para dejar atrás el estancamiento": con este mensaje presentó el canciller alemán, Friedrich Merz, a primera hora de una soleada mañana berlinesa el esperado paquete de medidas titulado "Por el crecimiento y el empleo". Lo hizo acompañado del líder de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), Markus Söder, y los copresidentes del Partido Socialdemócrata (SPD), Lars Klingbeil y Bärbel Bas. El objetivo era dar por zanjados los disensos en su coalición de gobierno, que han hundido en los sondeos a los partidos implicados y disparado a la primera posición a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). Para Merz, es prioritario sacar a Alemania del estancamiento, tras dos años de recesión y uno con crecimiento mínimo --el 0,5 % del PIB estimado para este año--, con el antaño puntero sector de la automoción en crisis y un sistema de pensiones amenazado por el envejecimiento de su población.

Tras meses de sesiones maratonianas en busca de consensos, el canciller y líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU), presentó un paquete de reformas para combatir lo que aparentemente es, para Merz, el gran problema del país: que no se trabaja lo suficiente. Incluye algunas concesiones para los socialdemócratas, como el incremento del impuesto a los más ricos y la construcción de viviendas asequibles. Y una serie de descargas fiscales y apoyos que, según Klingbeil, vicecanciller y ministro de Finanzas, supondrán un ahorro de 600 euros al año para un prototipo de familia de ingresos medios con dos adultos y dos hijos.

El impuesto a los ricos tendrá dos niveles. Para ingresos hasta los 250.000 euros anuales seguirá en el 45 %; pero a partir de 280.000 euros sube a 47 %-. Supuestamente aportará a las arcas públicas 10.000 millones de euros, con los que se financiarán los apoyos a los ingresos medios o bajos, el aumento del mínimo exento de tributación o de la desgravación fiscal por hijo.

Una de las medidas estrella, entre el total de 33 propuestas elaboradas por una comisión de expertos, es retrasar la edad regular de acceso a la jubilación hasta los 70 años. Actualmente, la franja está en los 67 años. Será un aumento gradual que se consumará en 2092. Se inspira en el modelo sueco y combina el fondo del seguro obligatorio, nutrido con las aportaciones de trabajadores y empleador, con las inversiones en los mercados de capitales.

Lo de trabajar hasta los 70 años, o más allá, es ya una realidad para uno de cada cinco jubilados, en un país con 20 millones de pensionistas. Siguen trabajando, sea para redondear una pensión a menudo exigua o por voluntad de seguir laboralmente activos. Pero la idea de que la pensión del futuro esté condicionada a inversiones en mercados de capitales asusta a muchos ciudadanos.

La reforma de las pensiones pretende avanzar en el concepto de jubilación laboralmente activa implantada por el Gobierno de Merz el año pasado. Es una fórmula destinada a paliar el vacío que dejen los 'boomer' y que desde este 2026 permite al jubilado seguir trabajando por cuenta ajena e ingresar hasta 2.000 euros al mes libres de impuestos.

Una de las obsesiones de Merz, que a menudo ha levantado ampollas por interpretarse que tacha de vagos a sus conciudadanos, es la lucha contra el absentismo laboral. "El número de bajas por enfermedad es demasiado alto", insistió al presentar sus reformas. Entre las medidas pactadas está la supresión de la baja per vía telefónica --que permitía comunicar así una baja por enfermedad-- y la obligación de presentar al patrón una baja médica desde el primer día, en lugar del tercero, como hasta ahora. En Alemania, la media de bajas por trabajador está en 19,5 días al año.

El Gobierno de Merz quiere, además, liberalizar el mercado laboral, especialmente en lo que concierne a los contratos. Prevé un aumento de la tasa impositiva sobre los "minijobs", que pasará del 2% al 5%. Se estima que unos siete millones de personas trabajan en empleos de baja remuneración, impulsados en tiempos del socialdemócrata Gerhard Schröder (1998-2005) en la Cancillería. La baja tasa impositiva actual condena a quienes la practican a jubilaciones mínimas.

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