El dictamen reconoce que “los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están ‘sujetos a la jurisdicción'”, por lo que “son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda”.

La decisión fue adoptada por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados que integran la corte y mantiene una interpretación de la Constitución que, desde hace más de 150 años, considera estadounidense a casi cualquier persona —con excepciones, como los hijos de funcionarios diplomáticos— que nazca en el país.

El juez Brett Kavanaugh discrepó parcialmente al no compartir la interpretación maximalista de la cláusula de ciudadanía, aunque tampoco respalda el decreto de Trump que eliminaría, de facto, la ciudadanía por nacimiento.

Otros tres jueces considerados conservadores discreparon del voto de la mayoría al no reconocer la ciudadanía por nacimiento como un derecho “totalmente” automático.

Trump había prometido durante la campaña limitar la ciudadanía automática para los hijos de migrantes irregulares, medida que firmó el mismo día en que asumió su segundo mandato, el 20 de enero del 2025, e inició un período de políticas antimigratorias más restrictivas.

La orden, que afectaría a unos 255 mil niños al año, queda anulada con la decisión de la Corte Suprema, que analiza en el fallo qué significa ser ciudadano estadounidense y concluye “que alguien nacido en Estados Unidos y sometido a sus leyes entra en el ámbito de la ciudadanía por nacimiento”.

El inquilino de la Casa Blanca acudió en abril a la sesión pública de la Corte Suprema en la que se debatió la legalidad de la orden, la primera vez que un presidente estadounidense en ejercicio presencia argumentos orales ante el máximo tribunal.

El mandatario estadounidense ha argumentado que la Decimocuarta Enmienda ha sido malinterpretada y ha asegurado que EE. UU. es el único país que otorga automáticamente la ciudadanía a quienes nacen en su territorio, una afirmación falsa, pues una treintena de países también reconocen ese derecho.

Trump ha asegurado que la Decimocuarta Enmienda, aprobada tras la Guerra Civil para corregir el fallo “Dred Scott contra Sanford”, de 1857, y garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos y sus descendientes, solo pretendía otorgar ese derecho “a hijos de esclavos”.