La prensa estadounidense informó que un alto funcionario del Departamento de Justicia anunció que el gobierno de Trump pretende presentar al menos 250 casos de revocación de ciudadanía para octubre, lo que representa un mayor esfuerzo para retirar ese estatus a personas naturalizadas en Estados Unidos.

La agencia ha presentado, hasta la fecha, 29 casos de revocación de ciudadanía contra estadounidenses nacidos en el extranjero, a quienes se acusa de haber obtenido la ciudadanía de forma fraudulenta.

Según el Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse, entre el 2008 y el 12 de junio del 2026 se presentaron 166 denuncias de desnaturalización, un promedio anual de menos de 10. Sin embargo, la administración Trump ha superado esa cifra.

La cadena televisiva CNN aseguró que el presidente Donald Trump incursiona en una agenda migratoria más allá de perseguir a personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y ordena a las agencias federales reorientar sus recursos para dar prioridad a este tipo de iniciativas.

El diario español El País aseguró que al menos 17 ciudadanos estadounidenses naturalizados podrían perder la ciudadanía después de que el Departamento de Justicia anunció nuevas acciones para revocar ese estatus.

Los casos están relacionados con presuntas irregularidades durante el proceso de naturalización, entre ellas fraude, uso de identidades falsas y la supuesta ocultación de información que habría afectado la elegibilidad.

Entre los nuevos casos figura un condenado por conspiración para cometer fraude en el sistema de salud; otro, por agresión sexual contra un menor, y un acusado de conspirar para distribuir medicamentos sujetos a receta sin licencia.

También se menciona a un exsacerdote católico acusado de abuso sexual de menores y a un hombre señalado de presentar solicitudes presuntamente fraudulentas de visas H-1B.

Telemundo reportó que, durante las próximas dos semanas, la Corte Suprema de Estados Unidos emitirá sentencias sobre casos relevantes vinculados con Donald Trump, incluidos su intento de limitar la ciudadanía por nacimiento y su intento de destituir a un miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.

El período del tribunal comienza en octubre y, por lo general, concluye a finales de junio, cuando se deciden casos de alto impacto.

Algunos casos asociados a Trump son:

• Trump vs. Barbara: intento de la administración Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento.
• Mullin vs. Doe / Trump vs. Miot: plan del gobierno de Trump para retirar protecciones legales a migrantes haitianos y sirios.
• Mullin vs. Al Otro Lado: disputa sobre las facultades del Gobierno federal para rechazar solicitudes de asilo en la frontera.

CNN citó a un alto funcionario del Departamento de Justicia, quien indicó que se ha reasignado a abogados litigantes civiles de diversas divisiones para que se ocupen de casos de revocación de ciudadanía.

Estos casos también se han remitido a fiscalías federales que ya se encuentran bajo una enorme presión.

El funcionario señaló que los casos de revocación de ciudadanía deben priorizarse “para proteger la integridad de la ciudadanía estadounidense y garantizar que las personas que están presentes en este país y han disfrutado de los beneficios de la ciudadanía lo estén haciendo legalmente, y que las personas adecuadas estén adquiriendo la ciudadanía”.

Según reportó The New York Times, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional recibieron instrucciones a finales del 2025 para remitir más de 200 posibles casos de desnaturalización al mes.

Los casos presentados por la administración Trump incluyen a personas señaladas de cometer fraude, abuso sexual de menores o de haber expresado presunto apoyo al terrorismo antes o durante el proceso de naturalización.

Según la ley federal, el Gobierno tiene la facultad de revocar la ciudadanía de una persona si emitió declaraciones falsas relacionadas con el proceso de naturalización o si la obtuvo de manera ilegal, es decir, si no cumplía con los requisitos.

La revocación de ciudadanía no se aplica a quienes nacieron en Estados Unidos y obtuvieron la ciudadanía por derecho de nacimiento. No obstante, Trump intentó, mediante una orden ejecutiva, poner fin a la ciudadanía automática.

En los últimos 10 años, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos registró casi ocho millones de personas naturalizadas como ciudadanos estadounidenses.

En junio del 2025, el secretario adjunto de Justicia, Brett Shumate, enumeró 10 categorías de casos prioritarios, entre ellas personas que representan un peligro para la seguridad nacional, que han cometido crímenes de guerra, fraude o delitos graves no declarados durante el proceso de naturalización.

Un total de 12 abogados compone la unidad de revocación de ciudadanía, encargada de tramitar los casos pendientes y recibir los expedientes remitidos por el Departamento de Seguridad Nacional.

De acuerdo con CNN, dado el volumen de trabajo, el Departamento de Justicia está recurriendo a oficinas de su división civil, incluidos abogados especializados en fraude civil, para ampliar su capacidad.

Los procesos son complejos y requieren mucho tiempo, motivo por el cual las administraciones anteriores se han centrado principalmente en personas involucradas en terrorismo y crímenes de guerra.

Durante los cuatro años del gobierno de Joe Biden se presentaron 24 casos, según registros del Departamento de Justicia.

Estados Unidos ha revocado la ciudadanía por mentir sobre la fecha de llegada, la edad o el estado civil de una persona, o por motivos políticos.

Funcionarios del Departamento de Justicia sostienen que la agencia se está centrando en personas que mintieron sobre antecedentes penales o sobre actos delictivos que estaban en curso cuando presentaron la solicitud. Incluso, en ocasiones, por presuntos fraudes relacionados con la forma en que completaron los formularios.

El secretario interino de Justicia, Todd Blanche, dijo: “Obtener la ciudadanía estadounidense es un privilegio y, bajo el liderazgo firme del presidente Trump, este Departamento mantiene una política de tolerancia cero ante el abuso de este proceso”.