Durante años, Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, recurrieron al expediente de la ficción democrática: fingían elecciones, mientras encarcelaban a sus opositores o los orillaban al exilio y amordazaban a la prensa. Se proclamaban triunfadores de comicios fraudulentos en los que participaban candidatos comparsas. Ahora la dupla de tiranos decidió eliminar las elecciones controladas y se proclama una dictadura en forma abierta y descarada.

Aunque la declaración oficial pareció ser una sorpresa dada el 19 de julio pasado, aniversario de la revolución sandinista, los hechos encadenados permiten ver que este anuncio solo corona un proceso definido desde hace tiempo. En la reforma constitucional que impuso Ortega en 2025 se extendió el mandato presidencial de cinco a seis años, se nombró a su esposa, Rosario, como copresidenta, se eliminó la separación de poderes y ambos se hicieron del control de las fuerzas armadas, Policía y Organismo Judicial. De esa forma se consolidaba una dictadura familiar sin ningún límite.

A sus 80 años, Ortega cree haber asegurado la continuidad de su régimen corrupto y sanguinario, el cual piensa heredar a su hijo Laureano. Sin elecciones, aunque fueran amañadas, el déspota cree haber eliminado cualquier riesgo de una transición política que lo podría exponer a él, a su esposa y a su familia a perder el poder y a eventuales juicios.

La consolidación de la dictadura significa una ironía histórica atroz. Ortega fue uno de los comandantes guerrilleros que derrocó a la tiranía de los Somoza en 1979, que se había mantenido en el poder a base de represión y censura. Ahora, 47 años después, el otrora líder revolucionario se cierra a todo cambio y consolida un régimen tenebroso igual o peor al que derribó en su juventud.

A diferencia de Somoza, Ortega ha logrado el control total de las instituciones del Estado nicaragüense. Ha eliminado a sus opositores políticos, ha cancelado el estatus legal de más de cinco mil 500 organizaciones no gubernamentales, ha cerrado 61 medios de comunicación y forzado al exilio a 309 periodistas, ha perseguido a la Iglesia Católica, ha confiscado universidades, además de expulsar a organismos internacionales de derechos humanos.

Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega, es la muestra más clara de la ambición política, que ha perseguido hasta a los propios dirigentes sandinistas. En 2024, ordenó cercar la residencia de su cuñado Humberto Ortega, exjefe del ejército sandinista, quien luego se declaró prisionero político y murió bajo custodia policial. Ese fue uno de los casos de la cacería que la copresidenta lanzó contra la antigua comandancia sandinista. Su objetivo es eliminar cualquier atisbo de oposición, aun dentro de sus aliados.

De esa manera, la dinastía Ortega Murillo reina en Nicaragua porque ha logrado controlar el poder, apoderarse de las institucionales principales del Estado para hacer negocios y amasar riquezas a manos llenas. El clan se dedica a la ganadería, al comercio, la industria, a los hidrocarburos, y tiene una red de radioemisoras y cinco canales de televisión, entre otros bienes. Para que no queden dudas de que es un emporio familiar, los hijos Ortega Murillo controlan todo.

La situación de Nicaragua es una tragedia para su pueblo, que afronta una abominable represión interna que lo obliga a callar, al igual que sus intelectuales, periodistas y activistas, que se han visto obligados al exilio y a quienes la dictadura les arrebató sus propiedades y su nacionalidad. Es fundamental el rechazo a este régimen autoritario que cree que Nicaragua es su finca, en la que puede hacer lo que le venga en gana.