No existe un derecho a ocupar ilegalmente una vivienda ni a exigir que su propietario continúe pagando los suministros. Esta afirmación, que parece responder al más elemental sentido común, ha necesitado años de debate jurídico y varias resoluciones judiciales hasta quedar respaldada por la doctrina del Tribunal Supremo.

La ocupación ilegal de viviendas sigue siendo uno de los problemas que más preocupación genera entre los ciudadanos. A pesar de las diferentes iniciativas impulsadas durante los últimos años, la respuesta legislativa no ha logrado ofrecer todavía una solución suficientemente clara, rápida y eficaz para los propietarios afectados.

Durante los años en los que presidí la comisión de normativa del Colegio de la Abogacía de Barcelona (entre el 2011 y el 2025), coordiné grupos de trabajo integrados por expertos y especialistas en distintas materias. De aquellos equipos surgieron numerosas propuestas legislativas, entre ellas iniciativas sobre multirreincidencia, ocupación ilegal de viviendas o la aplicación de la cláusula 'rebus sic stantibus' durante la pandemia, destinada a aliviar las consecuencias del cierre de negocios y las dificultades para afrontar las rentas pactadas.

La experiencia reciente demuestra que, cuando existe voluntad de acuerdo, los representantes políticos pueden alcanzar consensos y aprobar soluciones legislativas para problemas que preocupan a la ciudadanía. Así ha sucedido con la reforma de la multirreincidencia y con la penalización del hurto de teléfonos móviles, entre otras medidas necesarias incluidas en la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril.

En materia de ocupación ilegal de viviendas, sin embargo, ese consenso todavía no se ha alcanzado.

El Partido Socialista durante la primera legislatura del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, presentó una propuesta de reforma legislativa en este sentido para incluir en la nueva ley de eficiencia procesal. Sin embargo, la iniciativa decayó como consecuencia del adelanto electoral y, especialmente, del nuevo escenario político y normativo generado por la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

En la actual legislatura, varios partidos con representación parlamentaria han presentado distintas iniciativas tomando como referencia y desarrollando aquella propuesta elaborada desde la abogacía catalana. Existe, por tanto, un trabajo previo que podría facilitar la búsqueda de una respuesta equilibrada y compartida.

Mientras tanto, los datos muestran que el problema continúa plenamente vigente. Catalunya sigue siendo la comunidad autónoma que acumula un mayor número de denuncias por ocupación, con 5.913 casos durante 2025. Esta cifra representa cerca del 40% del total registrado en España: cuatro de cada diez denuncias, según los datos actualizados del portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior.

Frente a quienes consideran que no existe una ocupación delincuencial de viviendas, las cifras y los procedimientos judiciales reflejan una realidad difícil de ignorar. Ante la ausencia de una regulación que resuelva con suficiente precisión todos los supuestos, los tribunales han tenido que delimitar progresivamente los contornos jurídicos de estas conductas.

Uno de los aspectos que más desconcierto genera entre los ciudadanos es que una persona pueda ocupar ilegalmente una vivienda y continuar disfrutando de servicios como el agua, la electricidad o el gas. La incomprensión aumenta cuando el propietario puede llegar a ser acusado de un delito de coacciones por no mantener de alta esos suministros o por dejar de abonar sus facturas.

Las audiencias provinciales de Girona y Barcelona ya se habían pronunciado sobre esta cuestión. Mediante sendos acuerdos no jurisdiccionales, de 22 de noviembre de 2024 y 7 de marzo de 2025, respectivamente, concluyeron que el corte de los suministros de una finca ocupada ilegalmente no puede considerarse un delito de coacciones.

Ahora, el Tribunal Supremo ha dictado la sentencia número 426/2026, de 24 de junio, en la que fija doctrina jurisprudencial sobre el mantenimiento de los suministros en una vivienda ocupada ilegalmente.

La resolución declara que «la conducta del titular de la finca (en régimen de propiedad o cualquier otro título que habilite su uso) conducente a no mantener el alta de los suministros o su abono aconseja la no punibilidad de su actuar».

El Tribunal Supremo establece así un criterio de indudable relevancia: el propietario de una vivienda ocupada ilegalmente no está obligado a mantener de alta los suministros ni a asumir su pago, y su negativa a hacerlo no constituye, por sí misma, un delito de coacciones.

La intervención judicial aporta claridad y seguridad jurídica en una cuestión que afecta directamente a numerosos propietarios. No obstante, sería deseable que los poderes ejecutivo y legislativo avanzaran hacia una regulación más completa, capaz de armonizar la protección de las personas vulnerables con la defensa efectiva del derecho de propiedad.

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La cuestión de fondo es sencilla: no existe un derecho a ocupar ilegalmente una vivienda. El propietario tiene derecho a recuperar su inmueble y a no asumir los gastos generados por quienes carecen de título para permanecer en él.

La Justicia ha dado un paso decisivo aplicando un criterio coherente con el sentido común jurídico. Corresponde ahora a los representantes públicos aprovechar el trabajo ya realizado y alcanzar los acuerdos necesarios para ofrecer una respuesta estable, equilibrada y eficaz a un problema que continúa generando preocupación e inseguridad entre los ciudadanos.