19/05/2026 a las 20:28h.

El caso de Santa María de Garoña demuestra que el cierre ordenado y seguro de las centrales nucleares en España es «posible» mientras se cumpla el plan acordado entre el Gobierno y las empresas para cada una de las plantas. Así lo señalaron este martes, 19 de mayo, desde Greenpeace, Ekologistak Martxan, Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear durante su visita para conocer las obras de desmantelamiento de la planta burgalesa junto a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), encargada de llevarlas a cabo.

De la mano de la presidenta de Enresa, Olga García, las organizaciones pudieron constatar los avances de la primera fase del cierre de Garoña con la retirada del combustible gastado y el desmontaje de la turbina como actividades principales. También han conocido los trabajos previstos para la segunda fase, la más compleja, que implica el desmantelamiento final de los edificios incluida la descontaminación, desclasificaciones y demoliciones de todas las estructuras para, finalmente, llegar a la restauración del emplazamiento.

Durante la visita, se puso de manifiesto que la seguridad constituye la principal prioridad de Enresa, empresa pública responsable tanto de la gestión de los residuos radiactivos -incluido el combustible nuclear gastado- como del desmantelamiento de las centrales nucleares. Las organizaciones destacan la rigurosidad con que se realizan los trabajos de análisis, clasificación, desmontaje y gestión de los residuos en función de su nivel de irradiación. Igualmente, alertan sobre la importancia de que se respete un cierre claro y planificado del resto de centrales nucleares como única vía para garantizar la transición hacia un sistema energético suficiente, eficiente y cien por cien renovable, libre de residuos radiactivos e independiente de la importación de combustibles fósiles y nucleares desde terceros países.

«Tras la visita de Garoña queda patente la complejidad y profesionalidad que requiere el cierre del ciclo nuclear. Es hora de que la industria nuclear muestre la madurez y visión de Estado necesarias para garantizar estos procesos en tiempo y forma, con seguridad y eficacia según lo planeado y lo firmado por ellos mismos. La absurda propuesta de extender tres años la vida de la central extremeña de Almaraz pone de manifiesto cómo los intereses económicos cortoplacistas de estas empresas son incompatibles con la seriedad necesaria para cerrar y desmantelar las centrales según lo planeado, así como iniciar la debida transición justa», señaló la directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña.

«El desmantelamiento de centrales nucleares es un proceso imprescindible para que las poblaciones de estos emplazamientos puedan tener un futuro alternativo para su territorio. También para la seguridad radiactiva, pues durante el funcionamiento de una central se contaminan varias áreas y conductos de la planta, que deben retirarse y aislarse debidamente», indicó.

Asimismo, recordó que se trata de un proceso «largo, difícil y caro» del que debe informarse con toda transparencia a la ciudadanía. En el mundo hay ya 218 reactores nucleares cerrados, pero solo 23 han sido completamente desmantelados. «Confiamos en que en España se siga el calendario de cierre y puedan abordarse los desmantelamientos tal como se habían planeado», destacó la coordinadora estatal de Ecologistas en Acción, Erika González Briz.

Las organizaciones inciden en las consecuencias económicas de no respetar los plazos acordados para el cierre nuclear en España. Con respecto a Almaraz, cuyo cierre está previsto para noviembre de 2027 en el caso del reactor Almaraz I y octubre de 2028 para el reactor II, recuerdan que extender la vida útil de la central durante tres años más costaría 3.831 millones de euros al bolsillo del consumidor y supondría pérdidas de inversión en renovables de 26.129 millones de euros hasta 2033.

Igualmente, destacan la creación de empleo como uno de los principales beneficios económicos de apostar por el adiós nuclear definitivo. Un ejemplo es el cierre de Garoña, que empleará a unas 300 personas (según la fase) hasta la finalización de las obras, prevista para 2033 con un coste total aproximado de 475 millones de euros.

Por su parte, la presidenta de Enresa destacó que la planificación del desmantelamiento de las centrales nucleares ya ha comenzado, y que su actividad se rige estrictamente por el séptimo Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR), que establece el calendario de ceses de operación y la planificación de los desmantelamientos a medida que cierren los reactores.

Greenpeace y Ecologistas en Acción coinciden en que la estabilidad de la planificación es vital para gestionar las infraestructuras públicas. Cuando se apagan, las centrales nucleares transfieren su titularidad a Enresa hasta que se completa el desmantelamiento y, una vez terminado el mismo, vuelven a manos de su propietario. Por ello, aseguran las organizaciones ecologistas, cualquier retraso en el cronograma actual afectaría no solo a la programación de Enresa, sino al propio plan estratégico del Gobierno a largo plazo en materia de energía y clima, el llamado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030.