Francisco González, quien fuera presidente del BBVA durante casi dos décadas, se enfrenta a una pena prácticamente récord en la historia de los procedimientos judiciales de carácter económico. La Fiscalía Anticorrupción solicita 173 años de cárcel para el controvertido exbanquero como responsable de la contratación del excomisario José Manuel Villarejo, a cargo de las cuentas de la propia entidad, para realizar espionajes a diferentes personalidades durante parte de las dos primeras décadas del presente siglo.

Por ello, el Ministerio Público reclama para él, de cara a un juicio oral que podría celebrarse antes de que concluya el presente ejercicio o bien ya en 2027, una pena de cinco años de cárcel por un delito continuado de cohecho y otros 168 años como presunto autor de otros 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros.

Asimismo, solicita que el propio banco -BBVA también fue procesado junto a sus ex altos cargos de la época, aunque en calidad de persona jurídica- sea condenado al pago de una multa de 181,1 millones de euros. En concreto, serían cinco años a razón de 5.000 euros al día por el delito continuado de cohecho activo y otros dos años (también con 5.000 euros diarios) por los 48 delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a tercero.

Por su parte, para el propio Villarejo, el fiscal solicita 174 años de prisión por delitos de cohecho y de descubrimiento y revelación de secretos de particulares, la misma condena que demanda para su socio Rafael Redondo. No obstante, la petición de penas más elevada recogida en su escrito de acusación recae en Julio Corrochano, antiguo jefe de seguridad de BBVA, para quien reclama hasta 243 años de cárcel por cohecho, revelaciones de secretos –contabiliza hasta 47 supuestos de este tipo-y corrupción en los negocios.

En total, Anticorrupción –que dirige el fiscal jefe, Alejandro Luzón- dirige su acusación contra una decena de personas por este procedimiento, una de las piezas del llamado 'caso Tándem' abierto en la Audiencia Nacional para esclarecer los manejos irregulares del citado antiguo responsable policial. Así, además de los cuatro citados, también reclama diferentes penas, aunque inferiores –de entre 26 y 43 años de cárcel- que para los anteriores, en los casos del ex jefe de los servicios jurídicos Eduardo Ortega; el ex responsable de Auditoría Interna Joaquín Gortari; el ex director de Riesgos Antonio Béjar; el ex jefe de Control Interno Eduardo Arbizu; y el ex responsable de Servicios Jurídicos de España y Portugal José Manuel García, entre otros.

Sin embargo, deja fuera al que fuera consejero delegado (CEO) de BBVA durante esa época y mano derecha de Francisco González, Ángel Cano, aunque sí tendrá que sentarse en el banquillo puesto que otras acusaciones reclaman para él penas de hasta 30 años. El auto de procesamiento por este caso, que se ha visto sometido a múltiples retrasos, se dictó en junio de 2024, pero no fue hasta el pasado febrero cuando la Audiencia Nacional confirmó dicha resolución, paso necesario para que se pudieran presentar los escritos de acusación por las partes correspondientes y ser dictado el auto pertinente de apertura de juicio oral, lo que se producirá en las próximas semanas.

La instrucción judicial del llamado 'caso BBVA' comenzó en 2017 aunque, tras retrasos sucesivos, saltó a las portadas de los medios de comunicación a finales de julio de 2019 con la imputación de la propia entidad financiera. Fue en calidad de persona jurídica, por los presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios, la misma condición en la que BBVA tendrá que comparecer en la vista oral junto al resto de acusados. Además del riesgo reputacional, afrontará el posible perjuicio económico de tener que pagar jugosas indemnizaciones como responsable civil, en caso de haber condena y no poder sufragar los otros su parte.

El magistrado que llevó el caso –ya retirado- fue Manuel García Castellón, quien en su auto de conclusión propuso juzgar por delitos de cohecho continuado y descubrimiento y revelación de secretos al BBVA, tanto al expresidente González como a otros doce altos cargos del banco y varios ex mandos policiales, por haber contratado a Villarejo y su empresa, el Grupo Cenyt, para realizar presuntos encargos ilegales entre 2004 y 2016. Entre las personalidades que fueron espiadas por el antiguo comisario figuran Miguel Sebastián, quien fuera ministro de Industria con el primer Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, los empresarios Luis del Rivero y Vicente Benedito o el abogado Luis Pineda, presidente de Ausbanc.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó a finales de febrero los recursos de apelación presentados por las defensas, confirmando así el auto de procesamiento dictado meses atrás por García-Castellón. Con ello respaldaba las conclusiones del juez instructor del caso, tanto respecto a Francisco González como a la propia entidad financiera, a la que reprochaba que su sistema de prevención de delitos no era eficiente puesto que, entre otros argumentos, «la alta dirección estaba excluida del control».

Así, los magistrados no ven creíble que el exbanquero desconociera que el verdadero dueño de Cenyt, la empresa que contrataron, era el excomisario Villarejo, ni tampoco que sus actuaciones estaban «fuera de la legalidad» al servirse de funcionarios policiales para «acceder a datos de carácter íntimo y personal y a fuentes cerradas, con injerencia en los derechos fundamentales de las personas investigadas» por la citada firma, de la que añade que el entonces preside de BBVA «ya sabía quién era esta entidad y sus métodos de investigación por los contratos anteriores».