El Ministerio para la Transición Ecológica ha retirado a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa) la habilitación para ejercer como comercializadora de electricidad después de constatar que la sociedad municipal no había adquirido energía en el mercado de producción durante un año. La decisión pone fin a una incursión en el sector eléctrico que llegó a superar los trámites administrativos, pero que no se tradujo en actividad comercial.

La extinción de la autorización afecta a Geursa junto a otra veintena de empresas que se encontraban en la misma situación. La resolución, publicada el 6 de mayo en el Boletín Oficial del Estado, incluye expresamente a Geursa entre las comercializadoras que pierden la habilitación por no haber comprado electricidad durante el periodo exigido.

El procedimiento había comenzado el 9 de febrero y se hizo público dos días después. Transición Ecológica abrió entonces el expediente contra 22 compañías que llevaban al menos un año sin adquirir energía en el mercado mayorista. Entre ellas figuraba la empresa, íntegramente participada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La retirada supone la confirmación de que Geursa no llegó a desarrollar la actividad para la que se había inscrito. Los datos empleados por el propio Ministerio para calcular las obligaciones de ahorro energético atribuyen a la sociedad municipal unas ventas de electricidad de cero gigavatios hora durante 2024. La empresa todavía mantiene en su página web un apartado dedicado a la comercializadora, en el que ofrece información sobre “energía verde y otras soluciones energéticas, con fines sociales”.

La entrada de Geursa en el ámbito energético comenzó a tomar forma en abril de 2022. El Pleno municipal aprobó entonces una modificación de sus estatutos para ampliar las competencias de una sociedad concebida principalmente para la gestión urbanística y la vivienda pública.

El cambio permitía a Geursa asumir funciones relacionadas con las energías renovables y actuar como medio propio de otras administraciones. El entonces concejal de Urbanismo y Vivienda, Javier Doreste, vinculó la reforma a la necesidad de ejecutar con mayor agilidad los proyectos presentados a los fondos europeos. La modificación había recibido previamente el respaldo unánime del consejo de administración de la sociedad.

Un año después, Geursa volvió a modificar sus estatutos. En esta ocasión cambió varios apartados del artículo tercero e incorporó el código de actividad correspondiente con la finalidad declarada de “dar salida a la energía eléctrica excedente producida”. Su objeto social pasó a incluir la explotación, gestión, distribución, venta y contratación de distintas fuentes de energía.

Ese movimiento se produjo en el contexto de la apuesta del gobierno municipal del anterior mandato, formado por PSOE, Nueva Canarias y Unidas Podemos, por ampliar la intervención pública en materia energética. Geursa disponía además de edificios, promociones de vivienda y actuaciones de rehabilitación susceptibles de incorporar instalaciones fotovoltaicas, por lo que la comercialización podía servir para gestionar o vender los excedentes generados.

La sociedad consiguió posteriormente inscribirse como comercializadora, pero la iniciativa no pasó de esa fase. No consta que llegara a formar una cartera de clientes ni a operar de manera continuada en el mercado. La causa formal de la retirada no es una deuda, una sanción económica o un problema con los consumidores, sino la ausencia de compras de electricidad durante un año.

La pérdida de la habilitación se conoce cuando el Ayuntamiento está reorganizando de nuevo su política energética. La Junta de Gobierno aprobó el pasado 17 de julio elevar al Pleno la transformación de la Agencia Local Gestora de la Energía, la Alge, en una entidad pública empresarial con mayor autonomía y capacidad operativa.

El nuevo organismo tendrá como funciones la instalación y gestión de energías renovables, la eficiencia de los edificios municipales, la captación de financiación y el impulso de comunidades energéticas. El expediente es fruto de más de dos años de trabajo y responde al pacto de gobierno firmado en junio de 2023 por PSOE, Nueva Canarias y Podemos.

La transformación no cierra la incógnita sobre el reparto de funciones entre ambas entidades. Mientras Geursa conserva en sus estatutos competencias relacionadas con la energía, la Alge está llamada a convertirse en el principal instrumento municipal para ejecutar la política energética.

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