Se cumple un año del 28 de abril de 2025, una fecha grabada en el calendario energético europeo. Aquel gran apagón que dejó a oscuras a millones de personas no solo forzó una revisión técnica de las infraestructuras, sino que ha cambiado para siempre la letra pequeña de nuestra factura. Hoy, la red eléctrica funciona con normalidad, pero la seguridad tiene un precio; según un análisis de la plataforma Hello Watt, los denominados servicios de ajuste ya representan el 28% del término de energía en la tarifa regulada (PVPC).

En términos llanoS, esto quiere decir que, más o menos, 1 de cada 4 euros que destinamos a la energía no sufraga el consumo de electricidad per se, sino el complejo mecanismo necesario para mantener la red estable tras el trauma del apagón.

Tras el colapso de 2025, Red Eléctrica adoptó una gestión mucho más conservadora para evitar que un incidente similar se repitiera. Esta “operación reforzada” implica activar con mayor frecuencia centrales de respaldo, principalmente de gas, para cubrir cualquier fluctuación en la red.

El problema es doble. Por un lado, las restricciones técnicas han obligado a triplicar el uso de gas para ajustes, pasando de los 710 GWh en marzo de 2024 a los 2.244 GWh en marzo de este año. Por otro, el contexto geopolítico ha echado gasolina al fuego: el conflicto en Irán ha disparado el precio del gas en el mercado MIBGAS, que ha llegado a alcanzar los 63,49 euros/MWh.

Un impacto directo en el bolsillo. Esta combinación de mayor uso de gas y precios ‘de guerra’ ha provocado que los costes de ajuste pasen de los 15,10 euros/MWh en 2023 al récord histórico de 38,68 euros/MWh registrado este marzo de 2026. Para un hogar medio, esto se traduce en un sobrecoste anual de unos 30 euros, elevando la partida mensual de este concepto hasta casi los 10 euros en los meses de mayor tensión.

A nivel sistémico, el coste de mantener las luces encendidas sin sobresaltos alcanzó los 3.812 millones de euros en 2025, un 43% más que el año anterior.

El análisis advierte que los más expuestos son aquellos consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC) o tarifas indexadas, que absorben directamente estas variaciones del mercado. Paradójicamente, la apuesta por la seguridad del sistema está generando una “trampa de volatilidad” para el usuario de a pie.

Tras el apagón, el sistema eléctrico ha blindado su seguridad, pero lo ha hecho a costa del bolsillo del usuario. Que en marzo 1 de cada 4 euros de la energía se destine a ajustes de red es la consecuencia de quemar gas a precio de guerra para mantener la operación reforzada. Para un hogar en tarifa regulada o indexada, esto es una trampa de volatilidad; la única forma real de protegerse hoy es una tarifa fija

Danny Salazar

— Director general de Hello Watt

“La única forma real de protegerse hoy es una tarifa fija”, señala Danny Salazar, director general de Hello Watt, quien destaca que este tipo de modalidades permiten blindar el presupuesto doméstico frente a la incertidumbre internacional.

Un año después del apagón, siguen sin conocerse los responsables. Una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que dos de cada tres hogares sufrieron daños o perjuicios asociados a la falta de suministro eléctrico. Además, los consumidores siguen sin cobrar las compensaciones establecidas por los fallos registrados durante el apagón, que rondarían los 17 euros por hogar y que deberían haberse abonado ya. En ese sentido, la organización estudia emprender acciones legales.

Con todo esto, en un contexto donde un 52,2% de los hogares que aún desconoce qué tarifa tiene contratada, revisar el contrato eléctrico se ha convertido, más que en un ahorro, en una necesidad de autoprotección económica.