Las depuradoras son una de esas infraestructuras que permanecen fuera del foco hasta que fallan. Están alejadas de los centros urbanos y su funcionamiento pasa habitualmente desapercibido para la mayoría de los ciudadanos, pero de ellas depende en buena medida la calidad de los ríos, los embalses y el litoral. En Cádiz, una provincia marcada por el peso del turismo, la actividad pesquera y la importancia de sus recursos hídricos, el estado de la red de saneamiento vuelve a plantear interrogantes.

La última radiografía elaborada por Ecologistas en Acción a partir de los datos de control de la Junta de Andalucía señala que 16 de las 44 estaciones depuradoras analizadas en la provincia durante 2025 registraron resultados no conformes con la normativa. El dato supone el 36,3% de las instalaciones estudiadas y sitúa a Cádiz en una posición intermedia dentro de Andalucía, en un escenario en el que conviven plantas antiguas, proyectos de modernización ya avanzados y actuaciones que siguen pendientes después de años de problemas.

El desafío, además, va mucho más allá de corregir las deficiencias actuales. Cuando todavía existen instalaciones que necesitan ser sustituidas o mejoradas, Europa acaba de elevar el nivel de exigencia en el tratamiento de las aguas residuales. Las depuradoras tendrán que prepararse para eliminar nuevos contaminantes y avanzar hacia modelos más eficientes desde el punto de vista energético, lo que obligará a realizar importantes inversiones durante los próximos años.

Las 16 depuradoras con problemas

La lista de instalaciones que registraron resultados no conformes en los análisis de 2025 incluye las de Alcalá de los Gazules, Barbate, Chiclana-El Torno, Grazalema, La Barca, Las Galeras, en El Puerto de Santa María, Los Barrios, Olvera Norte y Sur, Paterna de Rivera, El Trocadero, en Puerto Real, Puerto Serrano, San Roque, Setenil de las Bodegas, Ubrique y Vejer.

Los problemas detectados están relacionados con distintos parámetros utilizados para controlar la calidad de las aguas tras su tratamiento, entre ellos los sólidos en suspensión, la demanda química y biológica de oxígeno y la eliminación de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo.

El informe sitúa a Cádiz en un tramo intermedio del mapa andaluz. Málaga presenta un porcentaje de instalaciones no conformes superior, con un 51,1%, mientras que Granada alcanza el 43,3%. En el extremo contrario se sitúa Córdoba, donde el porcentaje de depuradoras con resultados conformes se aproxima al 92%.

La organización ecologista advierte, además, de que la radiografía no incluye la totalidad de las instalaciones existentes. En Cádiz no se facilitaron datos de las estaciones de La Alcaidesa, en La Línea; Algar; El Torno, en Jerez; Facinas; Nueva Jarilla; el puerto de Sotogrande; Punta Carnero, en Algeciras; Roche; San Enrique de Guadiaro; Torrecera y Lomas de Martín Miguel, en Sanlúcar.

Esta ausencia de información conecta con otra de las críticas planteadas por Ecologistas en Acción: la falta de transparencia sobre el funcionamiento de las estaciones depuradoras. Aunque las entidades locales tienen una responsabilidad fundamental en el control y seguimiento de estas instalaciones, la organización denuncia que la mayoría de los ayuntamientos no publica de manera accesible los resultados en sus páginas web o sedes electrónicas, por lo que buena parte de la información acaba dependiendo de los datos facilitados por la Administración autonómica.

El dato cambia si se mide por población

El porcentaje del 36,3% refleja el número de instalaciones que registraron resultados no conformes, pero no permite conocer directamente qué parte de la población gaditana depende de cada una de ellas. Una pequeña depuradora de un municipio rural tiene el mismo peso estadístico que una gran instalación que presta servicio a decenas o cientos de miles de habitantes cuando se calcula simplemente el número de plantas que cumplen o incumplen.

Ese es el principal matiz que introduce Enrique Nebot, catedrático de Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Cádiz y director del Máster en Gestión Integral del Agua de la UCA. En su opinión, el análisis sería más preciso si, además del número de instalaciones, se tuviera en cuenta la población atendida por cada una.

"Cuando se hace el análisis del porcentaje de depuradoras que no cumple, sería más preciso no hacer ese porcentaje por número de depuradoras, porque hay una más grande y otra más pequeña, sino por porcentaje de población cuyas aguas están bien o mal depuradas", explica.

Nebot recuerda que las principales instalaciones de la provincia concentran el tratamiento de las aguas residuales de una parte muy importante de la población y, en términos generales, presentan una mayor estabilidad. "Las depuradoras más grandes, como la de Jerez o las de Cádiz y San Fernando, funcionan bien. Normalmente, las depuradoras más grandes tienen más control y tienen mejor funcionamiento, son más estables y los problemas suelen aparecer en depuradoras más pequeñas", señala.

Por ese motivo, considera que el porcentaje de población cuyas aguas residuales son tratadas por instalaciones con problemas podría ser inferior al 36,3% que resulta del número de plantas analizadas.

Problemas distintos y una mayor presión en verano

Las deficiencias detectadas tampoco responden siempre a un mal funcionamiento general de las depuradoras. Una instalación puede cumplir correctamente buena parte de los parámetros y, sin embargo, presentar problemas en alguno de los procesos de tratamiento.

Nebot explica que una parte importante de las dificultades está relacionada con la eliminación de nutrientes, especialmente nitrógeno y fósforo. "La mayoría de los problemas están relacionados con la eliminación de nutrientes, de nitrógeno y de fósforo", señala el experto.

El caso de Chiclana-El Torno permite entender esta situación. Según explica Nebot, la instalación funciona correctamente en la eliminación de materia orgánica, aunque presenta dificultades en otros parámetros relacionados con los nutrientes. "La depuradora de Chiclana funciona muy bien en cuanto a eliminación de materia orgánica, pero tiene problemas con la eliminación de nutrientes", apunta.

A esa realidad se suma la presión que soportan algunas instalaciones durante los meses de verano. En una provincia como Cádiz, donde numerosos municipios costeros multiplican su población durante la temporada turística, las depuradoras tienen que afrontar durante varias semanas un volumen de aguas residuales muy superior al habitual.

Ecologistas en Acción advierte de que en algunas depuradoras del litoral andaluz faltan muestras correspondientes al periodo estival y señala que determinadas instalaciones pueden presentar un funcionamiento más deficiente durante esos meses. La mayor población implica un aumento del caudal y de la carga contaminante que llega a las plantas, lo que supone una prueba para unas infraestructuras diseñadas, en algunos casos, para una realidad demográfica diferente.

Barbate, Grazalema y Las Galeras

El caso de Barbate es uno de los más representativos de los problemas históricos de la depuración en la provincia. Según el informe ecologista, la instalación lleva incumpliendo la normativa desde, al menos, 2010 y la solución definitiva continúa pendiente. La actual planta dispone únicamente de pretratamiento y tratamiento primario y vierte al estuario del Barbate en un punto próximo a su desembocadura.

Para Enrique Nebot, la situación de Barbate es "paradigmática" por el tiempo que lleva pendiente una solución. "Lleva muchísimos años con problemas y el proyecto todavía está en una fase muy inicial. Debería haber ido más rápido", afirma.

La situación es diferente en Grazalema, donde ya está en marcha la construcción de una nueva depuradora destinada a sustituir a una instalación antigua que supera los 40 años. El informe señala que la planta ha tenido problemas históricos relacionados con el tratamiento biológico y la nueva infraestructura cuenta con un presupuesto de unos 5,5 millones de euros.

También figura entre los casos destacados la estación de Las Galeras, en El Puerto de Santa María. Según Ecologistas en Acción, la instalación acumula años de problemas relacionados con la eliminación de la carga orgánica y los nutrientes. La depuradora fue objeto además de una auditoría del Tribunal de Cuentas que alertó de la deficiente calidad de las aguas residuales vertidas y de los riesgos que esa situación podía plantear para los usos del litoral.

Puerto Real, una nueva depuradora tras años de problemas

La situación de Puerto Real muestra, por el contrario, el resultado de una de las grandes actuaciones de modernización que están a punto de completarse en la provincia.

La nueva estación depuradora estará completamente finalizada y lista para prestar servicio antes de que termine 2026, después de una inversión superior a los 15,5 millones de euros. La línea de agua se encuentra en funcionamiento desde diciembre de 2025 y el proyecto se completará con la puesta en marcha de la línea de fangos, de manera que la totalidad de la actuación quede terminada en noviembre.

La nueva infraestructura tendrá capacidad para atender a una población equivalente de 100.000 habitantes y podrá tratar hasta 15.000 metros cúbicos de aguas residuales al día. Además de mejorar el tratamiento de las aguas urbanas de Puerto Real, dará servicio también a las procedentes de los polígonos industriales de El Trocadero y Río San Pedro. El proyecto incorpora una línea de biogás y sistemas de desodorización mediante torres de carbón activo.

La actuación permitirá dejar atrás los problemas de El Trocadero, una instalación que, según el informe de Ecologistas en Acción, arrastraba incumplimientos desde hace años, especialmente relacionados con la eliminación de carga orgánica y nutrientes. Su ubicación en el entorno del Parque Natural Bahía de Cádiz aumentaba, además, la importancia ambiental de la mejora.

Nebot destaca que se trata de una actuación especialmente relevante por tratarse de la depuradora más antigua de la provincia. "La de Puerto Real es la depuradora más antigua de la provincia y se está acabando", señala el experto de la UCA, que confía en que la nueva infraestructura permita resolver los problemas acumulados durante años.

Ubrique, Vejer y Sanlúcar

En la Sierra de Cádiz, el caso de Ubrique presenta una especial sensibilidad por el destino de las aguas tratadas. La depuradora figura entre las instalaciones con resultados no conformes y su situación preocupa por su relación con el sistema de Los Hurones.

"La de Ubrique vierte sus aguas al pantano de Los Hurones y se utiliza como fuente de agua para consumo humano y, por lo tanto, es un problema importante", explica Nebot. La situación obliga a extremar el control sobre el funcionamiento de la instalación por la importancia que tiene el embalse para el abastecimiento.

Vejer es otro de los municipios que aparece entre los casos más problemáticos. Según el informe de Ecologistas en Acción, su depuradora lleva incumpliendo la normativa desde 2011, salvo en dos ejercicios, debido principalmente a problemas relacionados con la eliminación de materia orgánica y partículas en suspensión.

La organización también llama la atención sobre la aglomeración urbana Guadalquivir de Sanlúcar, aunque los resultados analíticos de la depuradora figuren como conformes. En este caso, el problema estaría relacionado con deficiencias en la red de alcantarillado y con la intrusión marina, circunstancias que provocan durante episodios de lluvia vertidos de sólidos y aguas residuales sin depurar hacia la playa.

El reto de una nueva normativa europea

Cuando todavía existen problemas pendientes en la red actual, el escenario europeo acaba de elevar el nivel de exigencia. La Unión Europea actualizó en 2024 la normativa sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, con nuevas obligaciones que obligarán progresivamente a mejorar los sistemas de depuración.

"Ahora ha cambiado la directiva europea sobre aguas residuales, se actualizó el año pasado y es mucho más exigente", explica Enrique Nebot.

Uno de los cambios más importantes es la obligación de avanzar en la eliminación de microcontaminantes que hasta ahora no estaban sometidos al mismo nivel de exigencia. Entre ellos se encuentran restos de productos farmacéuticos, cosméticos y otras sustancias que llegan a las aguas residuales y que requieren tecnologías de tratamiento más avanzadas.

"Ahora obliga a eliminar también microcontaminantes que hasta ahora no estaban regulados, fármacos, productos cosméticos y otros", señala el catedrático de la Universidad de Cádiz.

La transformación tampoco se limitará a mejorar la calidad del agua. La normativa europea plantea objetivos relacionados con la eficiencia energética y la sostenibilidad de las instalaciones. "Se exige que las depuradoras sean energéticamente autosuficientes, es decir, que tengan que generar la misma energía que consumen", apunta Nebot.

Ese horizonte obligará a incorporar nuevas tecnologías, aprovechar mejor procesos como la producción de biogás y reducir el consumo energético de unas instalaciones que tendrán que asumir funciones cada vez más complejas.

"Nos esperan unas grandes inversiones o, por lo menos, son necesarias. Esperemos que se hagan para actualizar", advierte el experto.

La provincia se enfrenta así a una doble carrera. Por un lado, tendrá que resolver los problemas de las instalaciones que actualmente presentan deficiencias, sustituir las más antiguas y culminar proyectos pendientes desde hace años. Por otro, incluso las depuradoras que hoy cumplen los parámetros tendrán que seguir transformándose para adaptarse a unas exigencias ambientales mucho más ambiciosas.

Los datos de 2025 muestran que una parte de la red gaditana mantiene problemas y que 16 de las 44 instalaciones analizadas registraron resultados no conformes. Pero el alcance de esa realidad requiere, según Nebot, otra lectura complementaria: conocer qué porcentaje de la población depende de cada una de esas plantas y cuántos ciudadanos tienen sus aguas residuales tratadas por instalaciones que funcionan correctamente.

Mientras ese cálculo no exista, el debate seguirá teniendo dos dimensiones. Una es el número de depuradoras con problemas. La otra, el volumen de población afectada. Entre ambas se encuentra el verdadero desafío de Cádiz: modernizar una red con déficits históricos, garantizar el correcto tratamiento de las aguas y prepararse para una nueva etapa en la que Europa exigirá depurar más, eliminar contaminantes más complejos y hacerlo con instalaciones cada vez más eficientes.

Puerto Real está a punto de completar una inversión de más de 15 millones de euros. Grazalema avanza hacia una nueva depuradora. Barbate continúa esperando una solución que los expertos consideran demasiado retrasada. Y el resto de la red tendrá que seguir evolucionando para adaptarse a un nuevo modelo.

La gran reforma de las depuradoras gaditanas, por tanto, no consiste únicamente en arreglar las instalaciones que fallan. El reto será transformar todo un sistema para responder a las necesidades de una provincia con una fuerte presión turística y un enorme patrimonio ambiental, y hacerlo además bajo unas reglas europeas que ya han cambiado.