La lucha contra las drogas ha llegado a las altas esferas del gobierno francés. El primer ministro, Sebastien Lecornu, anunció este miércoles que varios miembros de gabinetes ministeriales y altos funcionarios han sido destituidos de sus cargos tras dar positivo en las pruebas antidrogas. En las últimas semanas, el Ejecutivo había implantado una nueva medida que obligaba a los funcionarios del gobierno a someterse a pruebas antidroga “sorpresa”, como una medida ejemplarizante dentro de la lucha contra el narcotráfico.

La idea generó una gran controversia en los pasillos de la Asamblea Nacional. Algunos diputados consideraron que la medida podía resultar estigmatizante, especialmente después de varios episodios que habían salpicado al entorno parlamentario, como la detención de asistentes de diputados sorprendidos intentando comprar estupefacientes en la vía pública.

"Los miembros de los gabinetes ministeriales y la mayoría de los altos funcionarios tienen acceso a información extremadamente sensible. Consumir drogas implica ser vulnerable. Y no podemos condenar los asesinatos de jóvenes de 16 años en los barrios marginales y, al mismo tiempo, tolerar el consumo de drogas en los barrios acomodados", afirmó Lecornu durante una entrevista publicada el 22 de julio en la revista Paris Match, en la que confirmó que los controles continuarán. Con esta iniciativa, Lecornu sienta un precedente y deja la puerta abierta a que “sus sucesores vayan más lejos”, insistió. 

Esta noticia coincide con la reciente polémica generada tras la evacuación del alcalde de Alès (Gard) de su domicilio en la noche del 21 de julio por las fuerzas de élite RAID, después de que los agentes detectaran una amenaza creíble de atentado vinculada al narcotráfico. La amenaza contra el alcalde, Christophe Rivenq, surge tras la implementación de medidas contra la DZ Mafia. Una peligrosa banda de narcotraficantes que desde hace años opera en Francia, y que poco a poco ha ido extendiendo sus tentáculos hasta instalarse en ciudades secundarias como Alés.

Rivenq ya había recibido una carta amenazante con dos balas de 9 mm, motivo por el cual, las autoridades habían implementado un dispositivo de seguridad cercano a su domicilio. Sin embargo, una nueva amenaza detectada por la policía obligó a la unidad especial a intervenir y evacuar al alcalde durante la madrugada del martes para trasladarlo a un lugar seguro. Durante los últimos años, distintas organizaciones criminales asentadas en el país, concretamente en Marsella, han ampliado sus actividades hacia ciudades medianas y pequeñas, reproduciendo modelos de violencia similares a los conocidos por la Mocro Mafia o por el narco mexicano.

Los datos publicados por el gobierno francés reflejan una magnitud del problema. Según el Ministerio del Interior, las fuerzas de seguridad francesas incautaron más de 53 toneladas de cocaína en 2024, una cifra récord que multiplica por más de dos los decomisos registrados apenas dos años antes. Paralelamente, los ajustes de cuentas se han convertido en las principales noticias de los informativos franceses, además de la creciente amenaza que sufren jueces y altos funcionarios dedicados a la lucha contra las drogas. 

Para combatir la impunidad de algunos grandes criminales, el gobierno inauguró recientemente una prisión de máxima seguridad, donde desde hace unos meses se alojan los 100 presos narcotraficantes más peligrosos de Francia. El ministro de justicia, Gérald Darmanin, tildó está prisión de "inviolable", donde los detenidos se encuentran en "aislamiento total" y es "absolutamente imposible que les hagan llevar teléfonos o droga", pero la realidad es otra. Meses después de la puesta en marcha de esta prisión, se detectaron varios teléfonos móviles entre los reclusos, obligando al ministerio a lanzar un nuevo programa de 30 millones de euros, bautizado como "cero teléfonos", para combatir este problema.

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