Esta norma sustituye la normativa que regulaba las residencias andaluzas desde 2007, y adapta el funcionamiento de las residencias al llamado modelo de Atención Integral Centrada en la Persona, que pretende poner el foco en las necesidades, preferencias y proyecto de vida de cada residente.

La orden entrará en vigor 20 días después de su publicación, aunque buena parte de las novedades se implantarán de forma progresiva. Los centros ya existentes dispondrán de 12 meses para adaptarse a los nuevos requisitos funcionales como la organización de la atención o la nueva documentación, y de 24 meses para adecuar los requisitos materiales. El aumento de las plantillas se aplicará escalonadamente hasta el año 2031.

Una de las principales novedades para los usuarios será el incremento progresivo de las ratios mínimas de personal en los centros residenciales acreditados.

La Junta establece un calendario que elevará la dotación de profesionales cada año hasta 2031. La ratio global pasará de 0,50 trabajadores por plaza en 2026 a 0,55 en 2031, con aumentos específicos también para el personal dedicado directamente a los cuidados. Para las unidades que atienden a personas con trastornos graves de conducta, las ratios serán más elevadas.

El objetivo es que los residentes reciban una atención más individualizada y que los profesionales dispongan de más tiempo para atender sus necesidades.

Cada residente tendrá un profesional de referencia

La nueva regulación establece que cada persona mayor contará con un profesional de referencia, que será el encargado de coordinar su atención, conocer sus preferencias y mantener la comunicación con la familia. Ningún profesional podrá asumir la referencia de más de cinco residentes.

Además, cada residente dispondrá de una historia de vida, donde se recogerán aspectos relevantes de su trayectoria personal, gustos, hábitos o preferencias; añadido al historial médico, y de un plan personal de atención y apoyo, que servirá para adaptar los cuidados a sus necesidades concretas.

Residencias organizadas como pequeños hogares

Otro de los cambios destacado en la norma afecta a la organización de los centros.

Las residencias deberán estructurarse, preferentemente, en unidades de convivencia, pequeños grupos de residentes con espacios comunes propios, como salón y comedor, y equipos estables de profesionales. La intención es crear entornos más parecidos a un hogar que a una institución tradicional y favorecer relaciones cercanas entre residentes y cuidadores.

La regulación incorpora además la figura de los complejos de servicios integrales para personas mayores, dirigidos a personas de más de 55 años que viven de forma independiente pero desean disponer de servicios asistenciales, actividades y apoyos para favorecer el envejecimiento activo y prevenir la soledad.

Prioridad a una atención sin sujeciones

La orden incorpora también el principio de atención libre de sujeciones o contenciones. Las restricciones físicas solo podrán utilizarse de manera excepcional, cuando exista un riesgo para la persona o para terceros y siempre después de haber agotado otras alternativas menos restrictivas.

Desaparecen las plazas para personas "válidas"

La nueva normativa elimina la tradicional diferenciación entre plazas para personas mayores "válidas" y plazas asistidas.

A partir de la entrada en vigor de la orden, todas las plazas residenciales pasarán a considerarse plazas para personas mayores en situación de dependencia, siempre que cumplan las condiciones técnicas previstas en la norma.