La Junta de Andalucía se dirige a renovar los contratos de gestión de los centros de internamiento de menores infractores y a las medidas judiciales de medio abierto, para los supuestos que no exigen privación de libertad de los menores. El desglose del dinero que necesita la Junta de Andalucía por año es de 78,4 millones para 2027; 82,6 millones en 2028; 80,8 millones, en 2029; y 75,8 millones, en 2030.

A diferencia de cuando el Consejo de Gobierno aborda un trasvase de créditos dentro de un mismo departamento, en este caso el expediente nada dice de las partidas presupuestarias de las que procedería el aumento de gasto, más allá de explicar que procede del servicio autofinanciada, que se financia con la recaudación tributaria, y en las que causaría baja el crédito disponible.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública elevó esta necesidad de gasto al Consejo de Gobierno, que el pasado día 1 le dio su beneplácito a esta petición.

La petición de este departamento se hizo antes de que estas competencias, denominadas Justicia Juvenil, pasaran de manos de José Antonio Nieto (PP) a Manuel Gavira (Vox), que en esta XIII Legislatura son los consejeros de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública y de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, respectivamente.

La petición de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia se sustentó en la necesidad de "cubrir la insuficiencia de créditos del servicio de autofinanciada en el artículo 22 Material, suministros y otros del programa 14C Justicia Juvenil y Asistencia a Víctimas" y "atender las nuevas licitaciones de los contratos necesarios para el desarrollo de las actividades previstas en este programa", según argumenta la memoria del acuerdo de Consejo de Gobierno.

La justificación de por qué hay que gastar más en menores infractores está en el expediente de gasto anexo al acuerdo del Consejo de Gobierno. En el texto rubricado por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia se decía que esa falta de recursos presupuestarios se sustenta en "el aumento del presupuesto base de licitación de las nuevas contrataciones respecto a los contratos actualmente vigentes".

Tras este argumento genérico apela a "un incremento del coste de personal", que lo explica porque "han transcurrido seis años", ya que los contratos vigentes se hicieron en 2020.

A esto añade que "se han producido actualizaciones en los convenios colectivos, tanto del personal de atención directa como del personal de vigilancia y seguridad". Esa revisión salarial lleva aparejado un incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social, apunta el informe en este sentido.

Al argumento del aumento de los costes salariales esgrime la Consejería de Justicia "el impacto de la inflación en bienes corrientes", para explicar con datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) que "el Índice de Precios al Consumo (IPC) ha experimentado una subida del 25,8%, entre mayo de 2020 y mayo de 2026".

Infiere entonces de este dato que "ha tenido un impacto directo en el encarecimiento de los elementos no salariales asociados a la prestación del servicio residencial, para aludir entonces a conceptos tales como "el alquiler de inmuebles, la alimentación, bebidas no alcohólicas, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como mobiliario, mantenimiento ordinario, las pólizas de seguro y otros bienes y servicios diversos".

La memoria del presupuesto de la Consejería de Justicia de este 2026 ya advertía que "el día 1 de enero se iniciará la prórroga por un año de 11 centros de internamiento, los existentes en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla", además de que se debía tramitar la licitación de nuevos contratos para esas provincias, cuya entrada en vigor será para el 1 de enero de 2027.

A esto sumaba la Consejería de Justicia la prórroga por seis meses de 16 lotes de los grupos de convivencia educativa y estaba previsto que el 1 de julio entrara en vigor los nuevos contratos de todos los grupos educativos existentes en las 8 provincias de Andalucía.

Imagen de archivo de una actuación policial en un centro de menores en Churriana (Málaga) / M. G. La infraestructura: 14 centros de internamiento y 25 de medios abiertos

Andalucía dispone de 14 centros de internamiento de menores infractores y , donde se ejecutan las medidas privativas de libertad, y otros 25 centros y servicios de medio abierto (SIMA), para el cumplimiento de las medidas no privativas de libertad, y 8 servicios de mediación penal de menores, según la Memoria de la Consejería de Justicia del Presupuesto de este año.

Existen dos equipos de medio abierto dependientes de las delegaciones territoriales de Córdoba y Sevilla y la infraestructura autonómica de atención a menores infractores se complementa con 17 grupos educativos de convivencia (GEC) .

En estos momentos se ofrecen 751 plazas tras incorporar 50 nuevas en junio de 2025 con el inicio de actividad en Málaga, que carecía de centro de internamiento.

La gestión de estos centros y servicios de justicia juvenil es un modelo de externalización, con el cual la Administración autonómica licita contratos a los que optan entidades especializadas en la atención y la intervención con menores en conflicto social.

En los SIMA se ejecutan el 86% de las medidas no privativas de libertad y dan cumplimiento a las medidas judiciales de tratamiento ambulatorio de salud mental y drogodependencias, entre entre otras competencias.

También ejercen una labor de centro de día, y así propicia la formación ocupacional, académica y laboral de los menores. Los SIMA se ubican en la capitales de provincia, aunque en la provincia de Cádiz además de en la capital hay otro sede en Jerez de la Frontera y otra en Algeciras.

Existen grupos educativos de convivencia en todas las provincias andaluzas, tanto femeninos como masculinos y que sirven para el tratamiento de delitos de violencia intrafamiliar y de género. Cada Grupo Educativo de Convivencia dispone de 8 plazas y todas las provincias tienen un GEC masculino y otro femenino, aunque en Málaga existen dos grupos masculinos.

La Consejería de Justicia dispone de 8 servicios de mediación, reparación y conciliación con la aspiración de determinar la responsabilidad de los menores por los actos ilícitos cometidos y de esa forma "desjudicializar" cuando sea posible los procedimientos penales con los menores.

El retrato: un 87% de los menores en internamiento son hombres

Los datos aportados por la Consejería de Justicia a través del presupuesto de este año señala en 2024 se ejecutaron 1.599 medidas privativas de libertad. El 87% de los menores que ejecutaron medidas de internamiento eran hombres y el 13%, mujeres.

Explica este departamento que en ambos sexos aumentó el porcentaje de menores que ejecutan medidas de internamiento terapéutico y disminuyó en internamiento semiabierto. El 48,5% de las mujeres cumple medidas de internamiento semiabierto y el 35,4% internamiento terapéutico. El 57,4% de los hombres cumplen medidas de internamiento en régimen semiabierto y el 25,1% de internamiento terapéutico.

Justicia argumenta que "la fuerte masculinización de la población menor infractora facilita la existencia de recursos de internamiento para menores de sexo masculino en todas las provincias", mientras que el reverso de este análisis es que las menores de sexo femenino internadas se encuentran "fuera de su provincia de origen debido al menor número de chicas infractoras".