Las limpiadoras contratadas por la anterior empresa concesionaria, TSI Levante, para trabajar en varios edificios públicos de Yecla siguen sin cobrar los sueldos que se les debe. La firma que las contrató entró en concurso de acreedores con deudas a sus empleados, tanto de Yecla como de otros municipios, que siguen sin abonarse.

En la capital del Altiplano hay 33 damnificadas. Mujeres que han salido a la calle para reclamar que el ayuntamiento solucione esta situación.

María Fernández de Maya, secretaria general de la Federación del Hábitat de CCOO en la Región de Murcia, ha sido contundente: «La realidad es que las trabajadoras no han cobrado y el dinero está retenido por el Ayuntamiento».

Según las explicaciones de esta responsable sindical, los sueldos de julio, agosto y septiembre de 2025, así como dos pagas extraordinarias (una productividad variable), siguen pendientes de ser abonadas a las trabajadoras.

Cada una de las afectadas está viviendo una situación particular ante la falta de ingresos. Algunas han tenido que recurrir a ayudas familiares o renunciar a necesidades básicas porque no han recibido un céntimo. «Han trabajado y tienen derecho a cobrar. Eso es evidente», subrayó Fernández de Maya.

CCOO denuncia que el Ayuntamiento les ha repetido en varias reuniones desde el pasado verano que «siguieran trabajando, que todo esto lo iban a cobrar». Sin embargo, la responsable sindical explica que no se ha cobrado y no es cierto, como dice la alcaldesa, que solo con una orden judicial se pueda abonar.

Asegura que hay fórmulas legales para garantizar el cobro sin vulnerar la ley. «Si el Ayuntamiento quiere, mañana puede resolver esta situación. Bajo nuestro punto de vista, sí pueden».

Hay dos vías que, según esta responsable sindical, se pueden utilizar por el ayuntamiento. Una es entregar el dinero al administrador concursal que gestiona el final de la empresa TSI Levante. La otra es dárselo a la actual concesionaria para que se lo abone a las empleadas que ha subrogado.

Aunque en meses anteriores se produjeron varias reuniones, actualmente no hay vías de comunicación abiertas. «Todo está cerrado», lamentó Fernández de Maya.

El asunto se coló en el último pleno del ayuntamiento donde varias trabajadoras se personaron en la sesión reclamando una salida a este asunto que está en los tribunales.

La alcaldesa, Remedios Lajara, explicó que el Ayuntamiento «es un damnificado más» del proceso. Asegura que no puede pagar directamente a las trabajadoras porque no existe relación contractual con ellas. El dinero, dijo, está retenido, pero sólo puede abonarse si el juzgado mercantil que gestiona el concurso de acreedores lo autoriza.

La regidora ha mantenido en los últimos meses hasta cinco reuniones con las afectadas, los sindicatos y los servicios jurídicos municipales. Asegura que el gobierno local ha mostrado «responsabilidad moral», aunque lamenta que se esté «utilizando políticamente» una situación tan delicada.

«No vamos a entrar en propuestas fuera del marco legal. No valen atajos. Queremos soluciones jurídicas reales», enfatizó Lajara.

También explicó que el consistorio ha contratado a un abogado laboralista para tratar el caso con el administrador concursal y buscar una solución jurídica que permita desbloquear la situación.