La concejala socialista de Canet de Mar y miembro del Consell Comarcal del Maresme, Marian Gómez Téllez, ha presentado un requerimiento formal de rectificación contra un medio digital de ámbito estatal, al amparo de la Ley Orgánica 2/1984 reguladora del derecho de rectificación, después de que publicara el 23 de junio un artículo que la vinculaba con supuestas acusaciones al jefe de la Policía Local de Canet y de un cabo del mismo cuerpo. Según la concejala, la información no reflejó de forma completa ni contextualizada la realidad judicial del procedimiento.

El motivo del requerimiento, explica Gómez, es que cuando el artículo se publicó, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Arenys de Mar ya había dictado, el 4 de marzo de 2026, un auto de sobreseimiento libre y archivo que concluye que los hechos investigados no son constitutivos de delito. 

Esta resolución, que la concejala considera el hecho más relevante de todo el procedimiento, no aparecía recogida en la noticia. “La resolución judicial es clara. El juzgado descarta la continuidad del procedimiento penal y concluye que no existen los presupuestos para atribuirme responsabilidad penal alguna”, ha afirmado Gómez, quien sostiene que el auto enmarca sus manifestaciones en el ejercicio del derecho a la información y rechaza las acusaciones formuladas contra ella.

La concejala quiso aclarar, además, que el artículo afirmaba que se habían abierto diligencias por “acoso y denuncia falsa”, una calificación que, según denuncia, no se corresponde con la realidad procesal. Precisa que el auto no abre diligencias por ningún delito de acoso y que la denuncia falsa quedó descartada desde el inicio del procedimiento; las únicas diligencias tramitadas, añade, fueron por presuntas injurias y calumnias, que el juzgado acabó sobreseyendo libremente.

En la nota de prensa difundida, Gómez remarca su respeto por la libertad de prensa y por el papel imprescindible de los medios de comunicación en una sociedad democrática, al tiempo que defendió que este derecho debe ir siempre acompañado del máximo rigor informativo. “Informar sobre la apertura de un procedimiento judicial es legítimo, pero también lo es explicar a los lectores cuando este procedimiento termina con una resolución que exculpa a la persona afectada”, ha afirmado. 

La concejala pedirá al digital que rectifique y actualice la noticia para que incorpore la realidad procesal existente en el momento de la publicación, que modifique el titular para que no transmita una situación que ya no estaba vigente, y que explique los fundamentos de la resolución judicial que acordó el sobreseimiento libre de la causa.

“La justicia ha acreditado mi inocencia y confío en que la información publicada sea rectificada para que refleje toda la realidad”, ha concluido Gómez, quien ha asegurado que seguirá ejerciendo su responsabilidad pública con el mismo compromiso, transparencia y respeto por las instituciones que, según afirma, siempre han guiado su actuación. 

La concejala ha añadido que seguirá defendiendo el derecho de cualquier persona a ver protegidos su honor y su reputación cuando una resolución judicial acredita su inocencia.

El artículo original del digital situaba el origen del conflicto en una querella interpuesta por ambos mandos de la Policía Local, que acusaban a la concejala de dañar su reputación, presentar una denuncia falsa, injurias y acoso institucional, a raíz de un enfrentamiento en 2023 por supuesta prevaricación relacionadas con un proceso de oposiciones de 2020. El sindicato Sicpol había mostrado su apoyo público al jefe de la Policía Local el mismo día de su publicación.