El Gobierno trabaja con la previsión de aprobar antes del parón vacacional un nuevo decreto de vivienda que incluya otra prórroga de alquileres y que aplique un IVA del 21% a los pisos turísticos, entre otras medidas. Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez aseguran que la voluntad es trabajar el texto con los grupos del Congreso e incorporar iniciativas de todas las formaciones políticas para garantizar que el redactado, esta vez, sale adelante, después de que el último fuera derogado en la Cámara Baja a finales de abril.

Desde Junts, cuyos votos son necesarios para sacar adelante el decreto, se remiten de nuevo a las medidas que ya registraron en una proposición no de ley (PNL) del pasado mes de abril, con propuestas como recuperar la deducción de la cuota de la hipoteca, incluir también la deducción de las mensualidades del alquiler, que se puedan desgravar los ahorros que se depositen en una cuenta bancaria para sufragar la entrada de un piso o bien que los mayores de 65 años que venden su vivienda para ir a una residencia no tengan que pagar IRPF por la venta de su domicilio, según detallan fuentes de JxCat consultadas por este diario. 

Al respecto, la portavoz de los posconvergentes en Madrid, Miriam Nogueras, afirmó este martes que si el Ejecutivo central quiere aprobar su nuevo decreto de vivienda solo tienen que “copiar y pegar” lo propuesto por su partido hace unas semanas. “El texto legislativo está hecho”, remarcó la diputada, que afeó a PSOE y Sumar que se haya hecho el anuncio a la prensa de un nuevo decreto sin haberlo pasado a los grupos el redactado de antemano. “Deben estar en campaña electoral”, remató Nogueras en declaraciones a RNE. 

Ahora solo pueden desgravarse la cuota de la hipoteca aquellas personas que la constituyeron antes del 2013. El gobierno de Mariano Rajoy suprimió la bonificación en los años de la crisis. En el caso del alquiler, hay deducciones para los contratos previos al 2015. Además, en el tramo autonómico hay deducciones para determinados supuestos en algunas comunidades, como los jóvenes cuyo salario no rebasa los límites establecidos en Catalunya, por ejemplo.

En todo caso, el Gobierno última el redactado y aún no ha cerrado el texto en el seno de la coalición, de modo que no ha pasado todavía un borrador a los grupos de la Cámara Baja sobre el que negociar. Y pese a no concretar cuáles son, en la Moncloa remarcan que sí habrá medidas relacionadas con la fiscalidad. De hecho, cuando se negociaba in extremis hace unas semanas el anterior decreto ya se planteó esa posibilidad para convencer a los posconvergentes. 

En ese sentido, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, pidió este martes “generosidad” a los partidos y explicó que el texto se encuentra ya en fase de tramitación interna y negociación con los socios del Gobierno. “El acuerdo exigirá renuncias, pero creo que si lo logramos, conseguiremos la complicidad de una sociedad que hoy sufre”, destacó la ministra.

El objetivo, señaló Rodríguez, es agrupar en un mismo documento todas las iniciativas de los grupos políticos que son “buenas” para resolver el problema de acceso a la vivienda y evitar que, como en anteriores ocasiones, se rechacen por “vetos cruzados”. “El Congreso de los Diputados no puede permitirse ser un obstáculo”, afirmó la titular de Vivienda, que detalló que el decreto contiene medidas relacionadas con la regulación del mercado del alquiler residencial, la protección de los colectivos más vulnerables, la estabilidad de los contratos, la lucha contra los pisos turísticos –a los que se aplicaría un IVA del 21%– y el impulso de un parque público de vivienda o iniciativas para facilitar la construcción de vivienda.

En la Moncloa ven posible el acuerdo porque se han incorporado en el documento “visiones de todos los grupos”, aunque advierten que si los partidos se siguen “empeñando en defender exclusivamente lo suyo” el pacto “no saldrá”.

Si el Gobierno aprueba el decreto en el Consejo de Ministros, las medidas entrarán ya en vigor a falta de que el Congreso lo convalide en un máximo de 30 días. Una circunstancia que hace unos meses provocó muchas críticas por la inseguridad jurídica que implica aprobar una prórroga que al cabo de 30 días decae. La intención del Gobierno, no obstante, es atar los apoyos de antemano en esta ocasión. 

Redactor de La Vanguardia y colaborador de la revista cultural El Ciervo. Cubre la actualidad política catalana desde 2017