La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, reclamó este viernes una mayor implicación de la banca para facilitar el acceso a la vivienda y sostuvo que las entidades financieras “deben formar parte de las soluciones y no del problema”. Durante el acto de clausura de los cursos de verano de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), celebrados en Santander, también defendió un gran acuerdo político y social para afrontar la principal preocupación de los ciudadanos.

Isabel Rodríguez aseguró que las entidades financieras tienen una responsabilidad especial tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. “La banca debe contribuir a las soluciones. Diría más: se lo debe a los españoles y a las españolas para terminar de saldar la herida de la anterior crisis económica”, afirmó. Igualmente, insistió en que el acceso a la vivienda requiere de la implicación conjunta de administraciones públicas, así como del sector privado y de las entidades financieras. 

La ministra, que evitó pronunciarse sobre el expediente abierto por la CNMC a varios bancos por sus declaraciones públicas sobre hipotecas, descartó la posibilidad de endurecer el acceso al crédito y que España se encuentre en una situación comparable a la del anterior boom del ladrillo. “No estamos en esos niveles”, señaló, al defender que la prioridad pasa por acompañar a quienes pueden afrontar un préstamo, pero no disponen del ahorro inicial.  

La responsable del Gobierno volvió a defender la necesidad de intervenir el mercado residencial, al considerar que la vivienda constituye un derecho constitucional y no un simple activo financiero. A su juicio, controlar los precios en las zonas tensionadas, regular los pisos turísticos y combatir el fraude en los alquileres temporales y por habitaciones son medidas imprescindibles para corregir los desequilibrios del mercado y garantizar el acceso a una casa asequible. 

Rodríguez mostró además su confianza en alcanzar antes del final de la legislatura un gran acuerdo parlamentario sobre vivienda. Para ello, reclamó a todos los grupos políticos que estén dispuestos a “renunciar” a parte de sus posiciones y atender la “demanda social”. En este sentido, apeló a un consenso basado en combatir el fraude, movilizar más el alquiler residencial, agilizar los procedimientos administrativos y reforzar la colaboración entre todas las administraciones públicas.  

Parque público residencial

La ministra insistió en que la principal solución estructural pasa por aumentar el parque público residencial asequible. En este ámbito, recordó que el Gobierno ha multiplicado por diez la inversión estatal desde 2018, ha creado la empresa pública Casa 47 y ha impulsado un nuevo Plan Estatal de Vivienda para incrementar la oferta protegida. También abogó por reforzar la colaboración público-privada y acelerar la industrialización del sector de la construcción. 

Respecto a las comunidades autónomas que han recurrido el Plan de Vivienda, lamentó que algunas mantengan una actitud de confrontación frente a las medidas impulsadas por el Ejecutivo. Rodríguez confió en que durante el mes de julio puedan recibir las transferencias comprometidas para desarrollar programas como la reconversión de viviendas turísticas ilegales en alquiler para jóvenes. “No me quiero pelear por las competencias; lo que quiero es que se ejerzan”, aseguró.   

Movilización de 900.000 viviendas 

La ministra recordó que, según el Banco de España, alrededor de 900.000 viviendas se destinan actualmente a usos turísticos o pertenecen a inversores extranjeros no residentes. A su juicio, movilizar parte de ese parque permitiría reducir de forma sustancial el déficit habitacional sin depender exclusivamente de nuevas promociones. También calificó de “dramático” que España todavía carezca de un registro nacional de demandantes para planificar las políticas públicas. 

Como cierre, Rodríguez insistió en que la crisis de la vivienda solo podrá resolverse mediante la cooperación entre administraciones, empresas, entidades financieras y Parlamento. “Soy optimista porque este país, cuando se lo ha propuesto, ha conseguido superar retos muy difíciles”, dijo. La ministra reiteró que el Gobierno seguirá impulsando reformas para facilitar el acceso a la vivienda y confió en que el Congreso alcance un acuerdo transversal antes del final de la legislatura.