A partir de los 14 años, para los ciudadanos residentes en España, el Documento Nacional de Identidad (DNI) es obligatorio. También lo es para los ciudadanos que residen en el extranjero y que se trasladen a España por un tiempo superior a seis meses. Para los menores de dicha edad, es voluntario. 

Se trata de un documento solicitado y que sirve para realizar cualquier tipo de trámite con administraciones u organismos públicos. Su exhibición es obligatoria cuando las autoridades lo requieran. Pueden solicitarlo los agentes de Policía, ya sea Nacional, Local, Municipal o autonómica. 

En caso de negarse a exhibir el DNI, por ejemplo, para acceder a un recinto, se puede solicitar la ayuda de los agentes de Policía. Enseñarlo sirve para confirmar la identidad de una persona, pero se debe tener cuidado ante las posibles estafas.  

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) advierte que el uso indebido del documento "puede tener múltiples efectos desfavorables para el titular de los datos". Aunque en la mayoría de establecimientos en los que se solicita una fotocopia de DNI lo hacen para acreditar la identidad de la persona en cuestión, se pueden utilizar para suplantar la identidad del sujeto. 

Desde la AEPD afirman que para ejercer derechos como información, acceso, rectificación y supresión, no es necesario facilitar la copia del DNI: "No obstante, si el responsable del tratamiento tuviese dudas razonables en relación con la identidad de la persona física que cursa la solicitud, podrá solicitar que se facilite información adicional necesaria para confirmar la identidad del afectado”.

La cuantía de las sanciones por un mal uso de los datos personales de una persona recogidos en un DNI puede llegar a ser de hasta 100.000 euros. Aunque las cifras pueden variar en algunos casos. Por ejemplo, la compañía Orange se vio obligada a abonar dicha cantidad en marzo de 2023 porque uno de sus mensajeros fotografió el DNI por ambas caras para entregar un paquete.