Fuentes de la Consejería de Cultura, a preguntas de este periódico, han detallado cómo se encuentra a día de hoy este asunto y qué queda por delante. Respecto a la petición cursada por el Ayuntamiento de la localidad aljarafeña para ampliar la zona de protección del dolmen de Montelirio –uno de los más importantes yacimientos de la Edad del Cobre–, explican que “la Delegación territorial de Cultura recomendó al Consistorio la realización de estudios y catas arqueológicas para delimitar la superficie afectada, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de que se hayan realizado”. Una afirmación que vuelve a colocar la pelota en el tejado del gobierno municipal que preside la socialista Mar Rodríguez, que en días recientes había culpado al Ejecutivo autonómico de generar un estado de incertidumbre, al no haber respondido a la solicitud de ampliación de la zona de protección desde hace más de un año.

Las declaraciones de la regidora se producían después de que varios arqueólogos que trabajaron en la zona denunciaran la reactivación del plan urbanístico, que dejará encerrado en “un sarcófago de hormigón” los grandes hallazgos, como el tholos de Montelirio y la tumba de la Señora del Marfil. A ello añadían el temor de que se destruyeran otros enterramientos situados en el perímetro de la actual zona de protección patrimonial.

El informe preceptivo de Patrimonio

Sobre dicho proyecto, la Consejería de Cultura también se pronuncia. “Una vez aprobada inicialmente por el pleno de la corporación la modificación de las normas subsidiarias de Castilleja de Guzmán en el ámbito del sector norte del plan parcial PP-04 Dolmen de Montelirio, el Ayuntamiento deberá remitir el expediente a la Delegación territorial de Cultura para la emisión del informe preceptivo en materia de patrimonio histórico”.

El estudio que ha de redactar Patrimonio tiene como fin garantizar que “el instrumento de planeamiento establece una ordenación compatible con la protección, conservación y puesta en valor de la riqueza patrimonial del yacimiento arqueológico, así como con su investigación y disfrute colectivo”. La consejería advierte de la cautela que se ha extremar en este aspecto: “En caso de apreciarse incompatibilidades, el informe establecerá las medidas, condiciones o directrices que deban incorporarse al instrumento de planeamiento para garantizar la adecuada tutela del bien”. Como era de prever, la Junta sigue teniendo la última palabra a la hora de dar luz verde a un proyecto urbanístico que atañe de lleno a uno de los principales yacimientos arqueológicos del Aljarafe.

El Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán ha defendido este plan –presentado por una promotora– por dos motivos. El primero, porque los terrenos donde se encuentran los hallazgos pasarán a ser de titularidad municipal, con la ampliación, además, de su superficie. Y en segundo lugar, por la necesidad de contar con VPO para la población, especialmente la más joven, con escasas oportunidades en el mercado inmobiliario actual.

"Un 89% del proyecto es para viviendas libres"

Sin embargo, dentro del grupo de arqueólogos que se muestran contrarios a este proyecto, se ponen en duda tales beneficios. Amada Tirado ha detallado a Diario de Sevilla la génesis del proceso. “La modificación comenzó a tramitarse en diciembre de 2023, el avance se aprobó en marzo de 2024 y la evaluación ambiental se inició en junio de ese mismo año”, asegura esta experta, quien puntualiza que “el Ayuntamiento no consultó a Cultura sobre la delimitación de la protección hasta abril de 2025, después que yo lo reclamara expresamente en el Pleno del mes anterior”. Lo hizo en calidad de portavoz del grupo municipal de Por Andalucía, según la web del Consistorio guzmareño.

Otro dato que proporciona Tirado cuestiona los referidos beneficios urbanísticos. “Con la modificación que se acaba de aprobar se pasa de 118 viviendas libres y 18 VPO a 131 libres y 17 VPO. Por tanto, el 89% de esa urbanización sería un parque residencial de mercado libre”, advierte.

Una cesión "condicionada"

La arqueóloga ahonda también en el aumento de la superficie municipal. “El incremento de la zona protegida pasaría a manos del Ayuntamiento mediante una cesión vinculada al propio desarrollo urbanístico, siempre y cuando la modificación continúe su trámite y la urbanización se aprobase”, abunda esta experta, para quien dichos terrenos “no se obtienen para protegerlos, sino como consecuencia de permitir urbanizar el resto del sector”.

“Es una matiz importante para entender qué se ha aprobado realmente y por qué la titularidad municipal, por sí sola, no resuelve la amenaza sobre el paisaje arqueológico”, concluye esta experta, que defiende “un debate serio” sobre el dolmen de Montelirio, un patrimonio arqueológico de incalculable valor a la entrada del Aljarafe sevillano.