Las críticas de los expertos han surgido tras aprobarse en el pleno del pasado miércoles la modificación de la norma subsidiaria, la cual tiene entre sus fines la adscripción municipal de todas las parcelas que conforman la zona actualmente protegida del dolmen de Montelirio. De esta forma, según explica el primer teniente de alcalde y portavoz del gobierno local (PSOE), Alejandro Moyano, se conseguirá que ningún titular privado posea un solo metro cuadrado en este enclave patrimonial. Un cambio que se traduce en cifras. De los 15.000 metros cuadrados de los que el Ayuntamiento guzmareño dispone ahora en la zona, a los 40.000 que alcanzaría de salir adelante el proyecto urbanístico, que ha de contar con el visto bueno de la Junta para su aprobación definitiva.

Tal iniciativa, sin embargo, se enfrenta a una momento de incertidumbre, puesto que desde abril de 2025 el gobierno de la localidad está a la espera de que el Ejecutivo autonómico responda al requerimiento del Ayuntamiento para conocer hasta dónde debe llegar la zona protegida del dolmen de Montelirio. “Somos los primeros interesados en conocer qué extensión de terreno entra dentro de esa categoría, en función de pruebas fehacientes de existencia de restos arqueológicos”, abunda el concejal socialista. “Más de un año después, la Junta no nos ha dado una respuesta que venga avalada por informes técnicos oficiales”, añade.

La reacción de los arqueólogos

La aprobación de la modificación de la norma subsidiaria ha provocado los recelos de varios arqueólogos. Entre ellos, Leonardo García Sanjuán, principal impulsor de los trabajos desarrollados en la zona, que en declaraciones a este periódico lamenta que “las protestas del año pasado no han servido para nada. Apenas cuatro semanas después de que la alcaldesa, Mar Rodríguez, se hiciese la foto de su ‘compromiso’ con la candidatura a Patrimonio Mundial, su corporación se dispone a aprobar que el Tholos de Montelirio y la tumba de la Señora del Marfil queden encajados entre edificios, como parquecito de la urbanización de adosados”.

En términos similares se ha expresado la arqueóloga Amada Tirado, presidenta del colectivo Montelirio Vivo, que en redes sociales ha exigido “un debate serio” para este yacimiento, que no puede quedar condicionado a “intereses privados”.

Un patrimonio "no renovable"

En este punto, hace hincapié en la necesidad de preservar el entorno que lo rodea, entre otros motivos, porque debajo pueden encontrarse más yacimientos vinculados a los dos de suma importancia hallados hasta ahora: el de la Señora del Marfil y el tholos de Montelirio. La construcción de viviendas en el perímetro más cercano supondría dejar dichos enterramientos encerrados “en un sarcófago de hormigón”, sin la contextualización debida. “Los bienes arqueológicos suponen un patrimonio no renovable. Lo que se destruye hoy, no se recupera mañana”, advierte.

Mar Rodríguez, alcaldesa de Castilleja de Guzmán. / Redacción Sevilla

A este respecto, desde el Ayuntamiento guzmareño, siempre desde la cautela de la protección patrimonial, se tiene clara una premisa: el interés general del municipio con los proyectos de viviendas asequibles, en tanto que el plan urbanístico reserva una parcela para VPO. “Se trata de una necesidad ante la situación del mercado inmobiliario y las demandas ciudadanas, especialmente de la población joven”, abundan la alcaldesa Mar Rodríguez.

La regidora tiene palabras para los partidos de la oposición. “Pretenden cargar la responsabilidad sobre el Ayuntamiento, cuando son conocedores que corresponde a la Junta”, incide.