La nueva medida, compartida por la Casa Blanca, sostiene que la ciudadanía automática no debería aplicarse a los hijos de mujeres que viajan a Estados Unidos con el objetivo de dar a luz y obtener ese beneficio para sus hijos, además de plantear otras excepciones relacionadas con la situación migratoria de los padres y su vínculo con gobiernos extranjeros.

La ofensiva llega después de que el Supremo rechazara el intento previo de Trump de negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes en situación irregular.

El alto tribunal se pronunció el 29 de junio de 2026 tras demandas de estados y organizaciones defensoras de los derechos civiles, que argumentaron que una orden ejecutiva no puede alterar la garantía establecida en la Decimocuarta Enmienda.

Un nuevo intento tras el revés del Supremo

Trump firmó el 20 de enero de 2025, el día de su investidura para un segundo mandato, una orden ejecutiva para negar la ciudadanía automática a algunos niños nacidos en EE.UU. cuyos padres fueran migrantes en situación irregular o con presencia temporal.

La medida fue bloqueada por tribunales tras demandas de estados y grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que alegaron que Trump no podía modificar por decreto un derecho protegido por la Decimocuarta Enmienda.

El Supremo, el 29 de junio de 2026, respaldó la protección de la ciudadanía para los nacidos en el país bajo la interpretación vigente de esa norma.

Actualmente, casi toda persona nacida en territorio estadounidense obtiene la ciudadanía, sin importar el estatus migratorio de sus padres. La nueva orden busca crear excepciones para casos como el llamado "turismo de maternidad".

La nueva estrategia: el "turismo de maternidad"

La nueva orden firmada este jueves cambia el enfoque y apunta principalmente al llamado "turismo de maternidad", que la Administración define como el viaje de mujeres extranjeras a Estados Unidos con el objetivo de dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.

El texto ordena a las agencias federales no reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en el país cuando la madre no se encuentre legalmente en Estados Unidos y el padre no sea ciudadano estadounidense ni residente permanente legal.

La Casa Blanca sostiene que el fallo del Supremo permite establecer estas excepciones porque, según su interpretación, la Decimocuarta Enmienda no cubre a personas que no estén "sujetas a la jurisdicción" de Estados Unidos.

La orden también menciona como posibles excepciones a hijos de miembros de gobiernos extranjeros, personas consideradas terroristas extranjeros y nacidos en territorios no incorporados.

Organizaciones defensoras de los inmigrantes rechazan esa interpretación y sostienen que la ciudadanía por nacimiento no depende del estatus migratorio de los padres.

Una interpretación restrictiva de la Constitución

El mandatario republicano sostiene que la Decimocuarta Enmienda, aprobada en 1868 tras la Guerra Civil, ha sido interpretada de manera errónea y que su objetivo original era garantizar la ciudadanía principalmente a los hijos de personas esclavizadas tras la abolición de la esclavitud.

La interpretación tradicional de esa enmienda establece que toda persona nacida en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana del país, un principio que ha guiado durante más de un siglo la aplicación de la ciudadanía por nacimiento.

Este principio ha acompañado la transformación demográfica de Estados Unidos, donde los inmigrantes representan alrededor del 14 % de la población y donde millones de ciudadanos son hijos de personas nacidas fuera del país.

La batalla legal vuelve a empezar

La Administración argumenta que la nueva orden es más limitada que la anterior y se centra en supuestos que, a su juicio, no están protegidos por la Decimocuarta Enmienda. Sin embargo, organizaciones defensoras de los inmigrantes ya anticipan nuevos desafíos judiciales.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) afirmó que la ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Constitución y aseguró que cualquier intento de modificarla mediante una orden ejecutiva volverá a enfrentarse a los tribunales.

"La Corte Suprema ya decidió este asunto: la ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Constitución. Ninguna orden ejecutiva adicional puede cambiar el significado de la Constitución", afirmó Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

Otro frente judicial en la agenda migratoria Trump

La nueva orden se suma a la amplia agenda migratoria impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, que incluye el refuerzo del control fronterizo, la ampliación de las deportaciones, la suspensión de algunos programas de entrada legal y nuevas restricciones al asilo.

La nueva disputa se incorpora así a una serie de batallas judiciales que han acompañado la política migratoria de Trump, con la Administración defendiendo una interpretación más amplia del poder presidencial y sus opositores recurriendo a los tribunales para frenar algunas de sus medidas.