España ocupa el puesto 29 de 185 países en el Country Index de la Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN), uno de los indicadores internacionales más utilizados para medir hasta qué punto los Estados pueden afrontar los efectos físicos, económicos y sociales del calentamiento global. Su puntuación global es de 61,7 sobre 100, una posición que la sitúa en el grupo de países con una vulnerabilidad relativamente baja y una capacidad considerable para organizar la respuesta.

La metodología de ND-GAIN cruza dos grandes dimensiones. La primera es la vulnerabilidad, entendida como exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación ante impactos climáticos. Para calcularla se observan seis ámbitos indispensables para la vida cotidiana: alimentación, agua, salud, servicios ecosistémicos, hábitat humano e infraestructuras. La segunda es la preparación, que mide la capacidad económica, institucional y social de un país para atraer inversiones y transformarlas en acciones de adaptación.

En otras palabras, intenta responder a una pregunta cada vez más urgente: ¿qué países están en mejores condiciones de vivir en un clima más hostil?

España registra una vulnerabilidad de 0,323 (en esta escala, una cifra más baja indica una menor exposición o sensibilidad relativa) y figura como el 173.º país menos vulnerable de los 185 analizados. Su nivel de preparación alcanza 0,557, lo que la sitúa en el puesto 40 mundial en capacidad para movilizar recursos, instituciones e inversión hacia la adaptación.

La combinación de vulnerabilidad baja y preparación comparativamente alta coloca a España en el cuadrante favorable de la matriz ND-GAIN. Pero el resultado no equivale a una garantía: indica que el país parte de una base razonablemente sólida, no que esté al margen de los impactos de un clima más cálido.

El riesgo de llegar tarde aparece cuando la inversión no acompasa la velocidad de los cambios, cuando las instituciones actúan de forma fragmentada o cuando las desigualdades territoriales y sociales multiplican el daño de una sequía, una ola de calor o una inundación.

El mapa clasifica a los países según su capacidad relativa para adaptarse al cambio climático: los tonos verdes indican una combinación más favorable de baja vulnerabilidad y mayor preparación, mientras que los amarillos, naranjas y rojos reflejan desafíos crecientes. / Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN).

Los datos sectoriales dibujan un escenario claro. El agua es el ámbito de mayor vulnerabilidad relativa en el perfil español, con una puntuación de 0,384. El acceso al agua potable fiable mantiene un valor muy favorable, pero los riesgos aumentan al observar los cambios proyectados en la disponibilidad: la alteración de la escorrentía anual alcanza 0,547 y la recarga de aguas subterráneas 0,814, la puntuación más alta entre los principales indicadores de alerta.

Eso significa que los acuíferos sostienen buena parte de los usos agrarios, urbanos y ecológicos en España, por lo que una menor o más irregular recarga refuerza la presión sobre cuencas ya expuestas a sequías, lluvias concentradas y competencia entre usuarios.

La agricultura concentra otra advertencia. El índice asigna una puntuación de 0,801 al cambio proyectado del rendimiento de cereales, una de las cifras más elevadas del perfil nacional. No predice por sí sola una pérdida concreta de producción, pero expresa una elevada sensibilidad del sistema agrario a las alteraciones de temperatura, precipitaciones y disponibilidad de agua. La capacidad agraria alcanza, por su parte, 0,660, señal de que España dispone de recursos técnicos y productivos relevantes, aunque insuficientes para eliminar el riesgo climático.

También destacan dos vulnerabilidades estructurales: la concentración urbana, con 0,788, y la dependencia de energía importada, con 0,784. Las ciudades densas pueden intensificar la exposición al calor y a las inundaciones cuando faltan sombra, arbolado, vivienda eficiente, redes de cuidado y refugios climáticos. La dependencia exterior de la energía añade, por su parte, fragilidad ante perturbaciones de precios, suministros y redes.

La principal enseñanza del índice es que la adaptación no puede reducirse a obras hidráulicas, diques o planes de emergencia. Incluye reforzar la salud pública frente al calor, restaurar ecosistemas que regulan agua y temperatura, rediseñar ciudades, mejorar la eficiencia energética y garantizar que la población más expuesta no quede atrás.

España parte de una posición internacional favorable, pero ese resultado no debe interpretarse como una garantía frente a los impactos climáticos. Desde 1995, su clasificación ha oscilado entre el puesto 22, alcanzado de forma sostenida entre 1997 y 2003, y el 29 actual. Tras situarse en el puesto 26 en 2017, ocupó el 27 en 2018 y 2019, bajó al 29 en 2020 y 2021. Luego recuperó el puesto 27 en 2022 y volvió al 29 en 2023 y 2024.

Esta evolución sugiere que España ha perdido parte de la ventaja comparativa que tenía al comienzo de la serie, aunque un ranking también cambia cuando otros países avanzan más deprisa o se actualizan los datos de referencia. Los indicadores de agua, agricultura, urbanización y energía recuerdan que adaptarse será una prueba permanente de anticipación política e inversión sostenida.

Fuente: Levante - EMV