La libertad académica se está deteriorando de un modo sutil en todo el mundo: un presupuesto supeditado a determinadas prioridades, un nombramiento dirigido desde fuera, una línea de investigación que deja de ser viable porque su financiación se convierte en moneda de cambio. Esas formas discretas de intervención son las que observa el Academic Freedom Index (AFI) en su actualización de 2026. Establece que, entre 2015 y 2025, la libertad académica retrocedió de manera sustancial y estadísticamente significativa en 50 países. Solo nueve mejoraron.

España queda fuera de esa lista de retrocesos. El índice la sitúa en el grupo del 10-20% de países con mayor protección efectiva de la libertad académica en 2025, junto a Noruega, Canadá, Australia, Dinamarca, Alemania, Austria, Polonia, Corea del Sur o Malta. El liderazgo lo ocupan, entre otros, Uruguay, Costa Rica, Chile, Irlanda, Suecia, Bélgica y Chequia, pero España ostenta una posición elevada en una clasificación que mide el funcionamiento real de los sistemas universitarios, no solo sus declaraciones legales.

España tampoco figura entre los nueve países que han mejorado de forma significativa durante la última década. Su posición es la de un país estable: no hay en las gráficas del informe señal de un descenso estadísticamente relevante entre 2015 y 2025, pero tampoco de un salto hacia el grupo de los más protegidos.

Elaborado por investigadores de la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg y el instituto V-Dem, el AFI se construye con las valoraciones de 2.357 especialistas de todo el mundo y más de un millón de datos a nivel de codificador. Su plan es medir cinco condiciones concretas: libertad para investigar y enseñar; libertad de intercambio y difusión académica; libertad de expresión académica y cultural; integridad del campus, entendida como ausencia de vigilancia o intromisiones de seguridad; y autonomía institucional.

Esta última ha sido el asunto central de la edición. La autonomía describe un espacio protegido para decidir sobre la investigación, los estándares académicos, la gestión, los planes de estudio o la contratación sin coerción política, ideológica o económica indebida. La recomendación de la UNESCO de 1997 la considera una condición necesaria para que docentes e instituciones puedan cumplir su función.

La base empírica del informe refuerza esa idea. Al comparar 179 países en el periodo 2000-2025, los autores hallan una correlación de Pearson de 0,91 entre autonomía institucional y libertad para investigar y enseñar. Dicho en lenguaje no estadístico: los dos estados caminan muy juntos. Una universidad que conserva capacidad de decisión está en mejores condiciones de proteger a sus investigadores; una universidad cuya dirección, presupuesto, contratación o agenda investigadora se vuelven dependientes de poderes externos, deja más expuestos a quienes trabajan dentro.

Radiografía de la libertad académica en el mundo. / Elaboración propia/T21

España no aparece entre los 43 países que perdieron autonomía institucional de forma sustancial en la década estudiada. Tampoco está entre los 21 que partían en 2015 de un nivel muy alto de autonomía (entre 3 y 4 en una escala de 0 a 4) y descendieron de manera significativa. La relación de esos países contiene a Austria, Polonia, Portugal, Países Bajos, Suiza, Eslovaquia, Canadá y Estados Unidos; también a Argentina, Bolivia, Perú y El Salvador.

La comparación europea resulta más reveladora que la fotografía aislada de España. Portugal se sitúa en el tramo del 20-30% superior del índice, por debajo de España, y figura además entre los casos de retroceso de la autonomía universitaria. Francia aparece en el 30-40%; el Reino Unido, en el 40-50%.

Alemania y Austria comparten con España el bloque del 10-20%, aunque el informe advierte que en ambos hay descensos estadísticamente significativos que no alcanzan, sin embargo, una magnitud sustancial. Polonia también permanece en ese grupo alto, pero forma parte de la lista de países con merma relevante de autonomía.

El AFI, que trabaja con intervalos de incertidumbre, advierte que, cuando los márgenes se superponen, no puede afirmarse con rigor que un país aventaje inequívocamente a otro. Aun así, el panorama permite establecer una conclusión: España conserva una posición comparativamente sólida y estable entre sus pares occidentales, en un periodo en que varios de ellos han comenzado a deteriorarse o ya muestran señales de fragilidad.

La tendencia global empezó a decaer alrededor de 2012, impulsada primero por retrocesos en América Latina, Asia y Oriente Medio y el norte de África. La ponderación por población dibuja una caída todavía más marcada: no es lo mismo que empeore un país pequeño que una gran potencia, porque las oportunidades reales de millones de personas para investigar, enseñar y debatir quedan afectadas de manera distinta.

Desde 2015, las dimensiones más castigadas han sido la libertad de investigar y enseñar y la integridad del campus, con deterioros sustanciales en 51 países cada una. La libertad de intercambio académico cayó en 47 países y la de expresión académica y cultural en 46. La autonomía institucional ha resultado algo más resistente, aunque no inmune: retrocedió de forma relevante en 43 países, frente a solo 11 mejoras.

La novedad política del informe es que esa presión ya no se concentra únicamente en sistemas abiertamente represivos. El caso de Estados Unidos funciona como advertencia de velocidad. Su indicador de autonomía institucional cayó de 3,3 en 2019 a 1,7 en 2025: un descenso del 50% en seis años. Las medidas estatales iniciadas en torno a 2020 se vieron reforzadas desde 2025 por presiones federales sobre la acreditación, la financiación, las políticas de admisión y contratación, y las prioridades de investigación. Frente a Hungría, India o Turquía, donde el deterioro fue prolongado, el trayecto estadounidense demuestra que un sistema universitario robusto puede perder margen de maniobra en un plazo muy corto.

España no está en esa trayectoria, según los datos del AFI. La lección que deja el mapa global es que la libertad de investigación depende de arreglos institucionales que hay que mantener incluso cuando no parecen estar en peligro. La estabilidad que registra el índice es una buena noticia. Su valor real se comprobará si consigue resistir las presiones presupuestarias, partidistas e ideológicas que ya han alterado el paisaje universitario de países próximos.

Fuente: Levante - EMV