El Ayuntamiento de Barcelona lleva unas semanitas intensas anunciando optimistas medidas en clave comercial. Primero habló de limitar los alquileres, haciendo suya una propuesta de ERC que apunta, cómo no, a los propietarios. Por eso no plantea rebajar el IBI de los arrendamientos comerciales, ese impuesto municipal que siempre se le repercute al inquilino. Después vino la intención de intervenir cuando se venda un local emblemático o estratégico. Que pase a ser patrimonio público, a base de regular el derecho de tanteo y retracto a favor de las administraciones. Algo que suena bien, pero que ya se ha hecho. La ensoñadora tienda de El Ingenio, en la calle Rauric, es de propiedad barcelonesa desde 2021. Se compró junto con 49 locales más, por un total de 16 millones de euros, dentro de la campaña Persianes Amunt . Hay quien propone que, estando tan cerca de los orígenes del ilusionista Fructuós Canonge y teniendo al genial Mago Pop en el Paral·lel, qquí se abra un museo de la magia. De momento, El Ingenio sigue con la persiana avall .

El último anuncio es una red de comercios asequibles de titularidad pública. Y aquí la pregunta que nos hierve a muchos es ¿para qué tenemos 39 mercados municipales? Algunos de ellos agonizan, como explicaba en estas páginas Lídia Penelo el 12 de septiembre. Otros se reformaron, en parte con dinero de supermercados privados, vendiéndole al zorro la puerta del gallinero. Seguramente, conseguir que los mercados ajusten formato y horarios a las nuevas realidades sociales —solo diez abren por las tardes de martes a viernes— debe ser mucho más difícil que abrir unos cuantos súpers.

Pero no solo controlando la propiedad o los precios se salva el tejido comercial de Barcelona. Hace falta más sensibilidad. La pescadería Anita, la única del barrio del Congrés, cerró incapaz de soportar unas continuadas obras valladas en su acera; no por el alquiler. El bar Brusi de la calle Llibreteria era de la familia propietaria, pero las normativas lo estrangularon hasta el final. O la centenaria panadería Girabal de Sant Andreu que, en 2022, a raíz de la agresión de Rusia a la democracia europea—que el alcalde Collboni ha tenido el valor de denunciar desde Ucrania hace veinte días—acabó cerrando por la falta de ayudas ante el aumento del precio del trigo y del gas.

Sin entrar en que, con tanto hablar de rebajar precios, no se habla de aumentar la riqueza de la ciudadanía. Y, sobre todo, se echa de menos en estas propuestas la referencia a una característica de Barcelona que el gobierno municipal mantiene activa en otros ámbitos: la colaboración público-privada. Para ser la millor botiga del mon , mejor compartir que intervenir, incorporando el conocimiento de todos los comerciantes, también los inmobiliarios. Al final, todos dan empleo y tributan en base a sus ventas, desde Ciutat Meridiana hasta la Bordeta, pasando por la plaza Catalunya.