A un día de que concluya el período 2022-2026 del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), el panorama sobre el relevo de autoridades continúa sin definirse. Diversos recursos legales pendientes, sumados a una reforma al Reglamento de Elecciones aprobada el año pasado por el Consejo Superior Universitario (CSU), apuntan a que Walter Mazariegos continúe ejerciendo la Rectoría después del 30 de junio, pese a que el mandato para el que fue electo llega a su fin.

Tres analistas consultados por Prensa Libre coinciden en que el escenario inmediato apunta a una continuidad de facto del actual rector, aunque difieren sobre el alcance jurídico y político de esa permanencia. También advierten que la falta de certeza prolonga una crisis institucional que afecta la gobernabilidad de la universidad pública del país.

Mynor Lorenzo, analista de Guatemala Visible, explicó que el principal factor de incertidumbre son los amparos y acciones legales que todavía permanecen sin resolver en la Corte de Constitucionalidad (CC) y en Salas de la Corte de Apelaciones, relacionados con la elección del rector para el período 2026-2030.

"Legalmente se deberá cerrar el período 2022-2026 el próximo 30 de junio; no obstante, es muy probable que el actual rector continúe en el cargo", afirmó.

Según Lorenzo, esa posibilidad se sustenta en el artículo 2 bis del Reglamento de Elecciones, incorporado por el Consejo Superior Universitario en abril de 2025, el cual establece que las autoridades universitarias continuarán en el ejercicio de sus funciones mientras no tome posesión la persona electa para sustituirlas.

El analista recordó que esa modificación cambió el mecanismo que históricamente regulaba la sucesión temporal del rector. Antes de la reforma, al concluir el período sin un sucesor electo, el cargo debía ser asumido interinamente por el decano de mayor edad.

Precisamente esa modificación es uno de los puntos que genera mayor controversia.

Para Juan Pablo Muñoz, coordinador de la Alianza por las Reformas, la permanencia del actual rector no responde únicamente a un vacío legal, sino a decisiones políticas que han impedido la normalización de la vida universitaria.

"Lo correcto debe ser que la persona que termina su período entregue su cargo, aun si no hay sucesor. En la Usac existen reglas de sucesión para rector y decanos; no debe prolongarse su estancia. La modificación es arbitraria y antidemocrática", sostuvo.

Muñoz considera que mantener al rector después del vencimiento de su mandato impediría recuperar la institucionalidad de la universidad y prolongaría un conflicto que, según dijo, mantiene paralizadas diversas actividades académicas y administrativas.

Añadió que, a su juicio, la comunidad universitaria ya manifestó su voluntad durante el proceso electoral, pero las resoluciones judiciales aún no han permitido resolver definitivamente la disputa.

Una visión similar plantea Carmen Aída Ibarra, directora de Pro Justicia, quien considera que la incertidumbre alrededor del relevo de rector es únicamente una manifestación de una crisis institucional más profunda.

A su criterio, el conflicto no comenzó con la actual elección, sino que se ha desarrollado desde 2022.

"Todo apunta a que Walter Mazariegos no va a dejar el cargo. La crisis en la Universidad de San Carlos tiene cuatro años y se ha caracterizado por prácticas antidemocráticas y violaciones a derechos de estudiantes, docentes y trabajadores", afirmó.

Ibarra sostiene que la reforma al Reglamento de Elecciones tampoco resolvió un vacío jurídico, sino que busca modificar, mediante una disposición reglamentaria, aspectos que están establecidos en la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos.

"La ley ya establece el procedimiento para sustituir al rector cuando no existe un sucesor. El Consejo Superior Universitario no puede modificar esa ley mediante un reglamento", señaló.

La directora de Pro Justicia recordó que existen acciones de inconstitucionalidad pendientes de resolución precisamente contra esa reforma.

Más allá del desenlace judicial, Lorenzo considera que el proceso ha tenido consecuencias para la imagen de la institución.

Afirmó que la figura del rector ha sufrido un desgaste tanto dentro de la comunidad universitaria como frente a la sociedad y organismos internacionales, debido a los constantes cuestionamientos que han acompañado su gestión.

Ese deterioro institucional, añadió, repercute en una universidad que, además de ser la única pública del país, tiene representación constitucional en más de 50 instituciones del Estado y debe preservar su credibilidad académica tanto a nivel nacional como internacional.

Respecto del escenario inmediato, Lorenzo señaló que todavía no existe claridad sobre las acciones que podrían desarrollarse cuando concluya formalmente el período del actual rector.

Indicó que aún se desconoce si el Consejo Superior Universitario realizará algún acto protocolario o si sectores opositores impulsarán nuevas acciones.

"Habrá que estar atentos a las decisiones administrativas o judiciales que permitan despejar el panorama", afirmó.

Mientras tanto, los tres analistas coinciden en que el futuro inmediato de la Rectoría dependerá menos del calendario universitario y más de las resoluciones que adopten la Corte de Constitucionalidad y los demás tribunales que conocen las acciones relacionadas con la elección del rector para el período 2026-2030. La falta de esos fallos mantiene sin definirse quién dirigirá la Usac a partir del 1 de julio.