Las acciones legales presentadas tras la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) continúan avanzando y algunas ya están próximas a resolverse en definitiva, según explicó el abogado Edwin Orozco, integrante del colectivo de oposición al proceso en el que fue reelecto Walter Mazariegos.

Orozco, del equipo jurídico de Dignidad y Rescate Usac (DIRE), señaló que, aunque recientemente la Corte de Constitucionalidad (CC) conoció varias acciones relacionadas con la universidad, estas correspondían principalmente a acciones previas al proceso de elección.

Según detalló, dos de los amparos provisionales ya se encuentran “en estado de resolver”, por lo que los juzgados podrían emitir sentencias definitivas en cualquier momento. También indicó que otros expedientes continúan avanzando en distintas salas, incluso algunos en los que no se otorgó una resolución provisional.

“Hoy — miércoles 27 de mayo — en la madrugada yo fui a evacuar audiencias de algunos amparos que continúan su trámite de cara a que se resuelva en definitiva”, comentó.

El abogado sostuvo que la expectativa como equipo legal es que, cuando la CC conozca las acciones de fondo, se pronuncie sobre las supuestas ilegalidades denunciadas durante el proceso electoral universitario.

Orozco afirmó que las acciones actuales ya no son preventivas, sino que buscan cuestionar hechos consumados durante la elección universitaria.

“Ahora todas esas arbitrariedades e ilegalidades fueron consumadas”, aseguró.

También advirtió que un eventual aval de la CC a las actuaciones denunciadas tendría consecuencias para el sistema jurídico.

“Se vería con mucha preocupación si la Corte de Constitucionalidad avalara tal circunstancia, porque hay hechos demasiado notorios en donde a todas luces se puede ver la ilegalidad y sería algo totalmente nefasto para el Estado de Derecho”, defendió.

El abogado argumentó que uno de los principales señalamientos es que el Consejo Superior Universitario (CSU) habría aplicado reglamentos en contravención de la Ley de Colegiación Profesional.

“Ningún reglamento puede venir a contradecir las leyes emitidas por el Congreso de la República”, afirmó.

Orozco sostiene que el Consejo habría actuado en contra de la jerarquía normativa porque, según su interpretación, aplicó disposiciones contenidas en reglamentos universitarios para intervenir en decisiones electorales de colegios profesionales, aunque ya están regulados.

De acuerdo con el abogado, la ley establece que los tribunales electorales de los colegios profesionales son independientes y no están subordinados a otro órgano. Sin embargo, afirma que el CSU utilizó reglamentos internos para admitir recursos de revocatoria y excluir cuerpos electorales vinculados al proceso.

Además, cuestionó que se aceptaran recursos de revocatoria cuando el expediente electoral aún no estaba “en estado de resolver”, es decir, antes de que el CSU conociera y aprobara formalmente los resultados de las elecciones de cuerpos electorales.

“El CSU encontró una forma para dejarlos técnicamente fuera del proceso de la elección”, sostuvo.

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Por su parte, el departamento de Asuntos Jurídicos de la Usac confirmó que la universidad presentó recursos legales y denuncias, luego de que fue notificada de una resolución provisional por la CC.

Asimismo denunció vicios en el proceso judicial. “El Consejo Superior Universitario no fue notificado ni forma parte del proceso de amparo, lo que impidió ejercer el derecho de defensa”, indicó Ana Lucía Recinos, subdirectora de esa instancia, quien además cuestionó la competencia del Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia Civil para conocer el caso.

En tanto, Mazariegos no se ha pronunciado públicamente de forma directa sobre los cuestionamientos.

Al respecto, el abogado del grupo de oposición indicó que, aunque algunas apelaciones todavía no han sido agendadas por la Corte, consideran inevitable que la CC termine conociendo todos los expedientes vinculados al proceso electoral universitario.

“Definitivamente todas las acciones van a ir a dar a la Corte, eso es un hecho”, declaró.

Además, dijo esperar que los magistrados actúen con independencia, incluso aquellos señalados de tener cercanía con Mazariegos.

“Confiamos que cuando ya conozcan estas acciones constitucionales de amparo con cada una de las ilegalidades, ellos estén comprometidos con la Constitución, la seguridad y la certeza jurídica que le debe dar la Corte de Constitucionalidad al país”, expresó.

Consultado sobre si los magistrados electos por la USAC deberían inhibirse de conocer los casos, respondió que no están obligados a hacerlo. "No se deben al órgano designante, se deben a la Constitución”, concluyó.

En el marco de la elección de Mazariegos el 8 de abril, la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación en torno a los actos "de violencia" durante el acto de votación.

La misión resaltó que seguía con especial atención el proceso, debido a la relevancia constitucional que la casa de estudios superiores tiene en la designación de las altas autoridades del Estado.

Asimismo, instó a que el proceso “se conduzca con mayores niveles de transparencia, certeza y regularidad”, con la finalidad de reducir riesgos de conflictividad e impugnación.

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