El presidente Bernardo Arévalo, este lunes 23 de junio, en la conferencia de prensa conocida como La Ronda, compartió la postura del Ejecutivo respecto de la autonomía municipal y su alcance sobre proyectos energéticos que cuentan con autorizaciones y están retenidos o retrasados.

También fue consultado sobre qué acciones tomará el Ejecutivo para garantizar la certeza jurídica y evitar que esta autonomía se convierta en un obstáculo para proyectos estratégicos.

Arévalo respondió que la autonomía municipal es una norma constitucional y explicó cuáles son los límites de las instituciones del Estado para intervenir, por lo que el Gobierno de la República “no puede intervenir directamente ante un gobierno municipal en estos temas”.

Dijo que consideran inconcebible que los gobiernos municipales empiecen a desarrollar actitudes de oposición a proyectos que son necesarios para el desarrollo del país.

Recordó la reciente situación con el proyecto privado Xochi, Corredor de las Flores, para el cual finalmente hubo un acuerdo con la comuna de Mazatenango que permitió su continuidad.

“Hacemos un llamado a todas las autoridades municipales del país a que depongan cualquier tipo de actitud que sea contraria a este proceso de armonización y colaboración conjunta para el desarrollo”, remarcó.

Indicó que, según el caso y en su momento, habrá que hacer las consultas, por ejemplo, a la Corte de Constitucionalidad para determinar hasta qué punto una autonomía es ejercida de manera negativa y qué procede.

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“En todo caso, nosotros no creemos que eso —autonomía municipal— ponga en riesgo la calificación de riesgo país. Nosotros seguimos adelante; las calificadoras de riesgo han confirmado cada vez más los avances. Tenemos uno de los países con los mayores indicadores de crecimiento económico en el hemisferio, en un contexto de recesión y de guerra a nivel mundial”, resaltó el mandatario.

El 19 de junio, Prensa Libre informó que más de 41 proyectos, entre transmisión y generación de energía, enfrentan dificultades por decisiones que las asociaciones de ese sector califican de arbitrarias o discrecionales por parte de autoridades municipales.

En entrevista con Prensa Libre, Carlos Arias, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), expuso que esa situación desincentiva la inversión y pidió a las autoridades investigar casos de arbitrariedades municipales por cobros y decisiones relacionadas con proyectos de distinta índole.

Según el entrevistado, la falta de certeza jurídica, derivada de decisiones municipales que imponen requisitos o cobros sin sustento legal, genera distorsiones en las condiciones de inversión.

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