La Corte de Constitucionalidad (CC) mantendrá a Walter Mazariegos en el cargo de rector de la Usac, luego de haber acordado dos proyectos de resolución que anulan los efectos de amparos que le habían puesto un alto.

Eso según informó una fuente constitucional, que por motivos de seguridad prefirió no ser citado, pero que explicó a detalle la manera en que el pleno constitucional tomó la decisión por mayoría.

La semana pasada también se dio algo similar en cerca de una docena de expedientes que cuestionaban los procedimientos previos para la elección del rector de la Usac, documentos que están pendientes de ser firmados.

Ahora, la CC integrada por sus cinco magistrados titulares, decidió por una mayoría de tres a dos, resolver a favor de la Usac dos apelaciones que atacaban amparos contra Mazariegos.

Se trata de resoluciones emitidas por juzgados que frenaron la reelección del rector, una de ellas incluso escaló a un amparo en definitiva el pasado viernes, según informó el grupo Usac, Dignidad y Resistencia (Usac-DIRE), que se opone a Mazariegos por calificar su reelección como un “nuevo fraude”.

Las fuentes constitucionales explicaron que el acuerdo alcanzado este lunes también suspende los alcances de ese amparo ahora en definitiva, lo que dejaría el camino libre para que Mazariegos comience un nuevo mandato este 1 de julio.

Las ponencias

Los tres magistrados que apoyaron estos proyectos de resolución son Dina Ochoa, electa por la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Roberto Molina Barreto, electo por el pleno del Congreso; y Julia Rivera, electa por el Consejo Superior Universitario (CSU).

Los dos en contra son Anabella Mofín, magistrada nombrada por el presidente Bernardo Arévalo y actual presidenta de la CC; y Astrid Lemus, electa por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Según detalla la fuente, las sugerencias de las resoluciones fueron emitidas por las magistradas Ochoa y Rivera, está última llegó al cargo de magistrada titular por decisión de un CSU que lidera el rector Mazariegos.

Julia Marisol Rivera Aguilar durante la entrega de su expediente ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Los motivos para acordar en este sentido las resoluciones se deben por “falta de legitimación de los amparistas y falta de definitividad, pues no impugnaron con recurso administrativo previo al amparo”, dijo la fuente.

El acuerdo no quedó firmado como resolución porque las magistradas Morfín y Lemus, apunta la fuente, pues quedaron de mandar observaciones. A la fecha hay cerca de 15 expedientes similares, que pese a tener acuerdos no han sido reprogramados para las firmas.

Se consultó al departamento de Comunicación Social de la Corte una postura de la presidenta de la CC, tras conocerse el acuerdo y la falta de firmas en los documentos, pero hasta ahora no se ha obtenido una respuesta.

"Sería escandaloso"

El abogado Aníbal García, integrante de Usac-DIRE, explicó que hasta este momento no han recibido notificaciones oficiales de parte de la CC, por lo que esperan los documentos legales.

Pero advierte que si el sentido del acuerdo de los tres magistrados se concreta con firmas en las resoluciones, “sería realmente escandaloso y vergonzoso para la CC que conociera y dejara sin efectos los amparos de los juzgados de primera instancia”.

García añadió que los dos amparos tienen razón de seguir vigentes y continuar frenando la reelección de Mazariegos. “En el juzgado onceavo la ley es clara que si hay causas para el provisional el juez tiene facultad de hacerlo; en el juzgado quinceavo la CC no puede conocer el amparo provisional porque ya hay un amparo definitivo”, resaltó.

Sobre la ponencia de la magistrada de la Usac, por un posible conflicto de intereses, el abogado García dijo: “La señora Rivera estaría demostrando que sí es cierto que hay una unificación de criterios adversa a nuestros intereses entre Molina, Rivera y Ochoa. Sería enterrar la Corte”.

Usac-DIRE asegura que estará pendiente de las notificaciones por las acciones legales presentadas, para determinar si el acuerdo alcanzando entre la mayoría se concreta.