Canarias votará a favor de la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para este miércoles, 29 de julio. La decisión del Ejecutivo canario despeja la primera prueba política del nuevo modelo y permite al Ministerio de Hacienda afrontar la reunión con los apoyos necesarios para obtener el visto bueno del órgano en el que están representados el Estado y las comunidades de régimen común.

El respaldo tiene especial relevancia porque rompe el bloque de rechazo de los territorios gobernados por el PP. El Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, está integrado por Coalición Canaria y los populares, que en el resto de España han anunciado su voto contrario. También se han mostrado críticas algunas autonomías socialistas, entre ellas Castilla-La Mancha.

La aritmética del CPFF favorece al Ejecutivo central. Hacienda dispone del 50% de los votos y necesita que al menos una comunidad apoye la propuesta. Hasta ahora se daba por seguro el respaldo de Cataluña, único territorio que había avalado el planteamiento inicial presentado en enero. La incorporación de Canarias refuerza la posición del Gobierno y evita que la reforma dependa de un único apoyo autonómico.

La reunión estará presidida por el ministro de Hacienda, Arcadi España, y no supondrá la aprobación definitiva del nuevo sistema. Sí constituye un trámite necesario para elevar el texto al Consejo de Ministros después del verano y enviarlo posteriormente al Congreso. Hacienda pretende completar la tramitación antes de que termine 2026 para que el modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027.

La propuesta aportaría a las comunidades 20.975 millones de euros adicionales en 2027 respecto a la continuidad del esquema vigente. Los recursos totales distribuidos ascenderían a 224.507 millones. El actual sistema fue aprobado en 2009 y debía haberse revisado en 2014.

Para Canarias, la negociación ha girado alrededor de una mejora de aproximadamente 1.100 millones de euros y del reconocimiento de sus singularidades. El Ejecutivo autonómico ha reclamado que los recursos vinculados al Régimen Económico y Fiscal (REF) permanezcan fuera del sistema, que se resuelva la situación de los fondos del extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) y que la nueva población ajustada reduzca la distancia que separa a las islas de la media de financiación por habitante.

El modelo modifica precisamente la población ajustada, el indicador utilizado para estimar el coste real de prestar los servicios públicos. En su cálculo se ponderan variables como el envejecimiento, la dispersión, la insularidad y la despoblación. Hacienda plantea además aumentar la participación autonómica en el IRPF, del 50% al 55%, y en el IVA, del 50% al 56,5%, reforzar la solidaridad e incrementar la aportación estatal para sanidad, educación, dependencia y servicios sociales.

Uno de los apartados más controvertidos es la actualización de la recaudación teórica de los tributos cedidos. Una comunidad podrá mantener bonificaciones o rebajas en impuestos como sucesiones y donaciones, patrimonio o transmisiones patrimoniales, pero deberá asumir con fondos propios la diferencia entre la recaudación efectiva y la que el sistema considera que debería obtener.

Los gobiernos del PP interpretan el mecanismo como una armonización fiscal indirecta y un castigo a las autonomías que reducen impuestos. Hacienda sostiene, por el contrario, que busca reforzar la corresponsabilidad fiscal y evitar que esas decisiones tributarias sean compensadas posteriormente por la caja común del sistema.

La posición favorable de Canarias no elimina las dificultades que esperan a la reforma. El PP acusa al Gobierno de haber diseñado el modelo a partir del acuerdo entre el PSC y ERC para avanzar hacia una financiación singular de Cataluña y denuncia que el resto de comunidades recibió un esquema prácticamente cerrado. Hacienda lo niega, asegura que todas las autonomías ganarán recursos y sostiene que el documento todavía admite modificaciones durante la negociación técnica y parlamentaria.

Tras el previsible aval del CPFF, la verdadera batalla se trasladará al Congreso. La modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas exige mayoría absoluta, un respaldo que el Gobierno aún no tiene garantizado. El voto de Canarias permite a Hacienda cerrar el curso político con un avance relevante, pero no resuelve la fragmentación parlamentaria ni las profundas diferencias territoriales que han mantenido bloqueada durante más de una década la renovación del sistema. Pese al previsible voto favorable de ERC, el Ejecutivo no cuenta todavía con los votos de Junts.

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