España concentra el 40% de la superficie arrasada por el fuego en Europa y va camino de batir un triste récord en 2026. Si nos fijamos en los 20 últimos años, vemos, en realidad, que el número de incendios ha descendido a en torno la mitad. Sucede, sin embargo, que su poder devastador se ha vuelto muy superior. Es decir, se están tomando medidas en materia de prevención, y esas medidas, aunque mejorables, funcionan. Pero nos enfrentamos a un enemigo cada vez más peligroso debido a una conjunción de factores motivados básicamente por la emergencia climática y por el abandono del campo, que nos ha privado de esa primera barrera defensiva que durante siglos sirvió para detener el avance del fuego. La Sierra de la Culebra, en Zamora; Arafo-Candelaria, en Tenerife. O este año, Los Gallardos, en Almería, Burgohondo, en la provincia de Ávila, o Aldea del Fresno, en la Comunidad de Madrid, nos dejan un paisaje desolador, acompañado de enormes pérdidas patrimoniales e incluso víctimas mortales. Esta es la nueva normalidad de cada verano, una nueva normalidad a la que de ningún modo podemos resignarnos como sociedad. Los incendios pertenecen a la categoría de los llamados en ciencia política “wicked problems” o problemas enrevesados. No existe una solución clara y sencilla, sino que se requiere una combinación de estrategias, moduladas en función de las circunstancias de cada caso. Este es el reto al que se enfrenta España, no este verano, sino en los próximos años, comenzando por la necesidad de una mejor y más leal cooperación institucional, y desde luego por una ciudadanía mejor preparada.