Poco a poco y casi sin darnos cuenta, en los últimos años la Unión Europea ha ido introduciendo cambios que afectan directamente al día a día de los ciudadanos. Todos tenemos en mente las zonas de bajas emisiones o incluso un aspecto tan simple como los nuevos tapones unidos a las botellas. Medidas que, aunque polémicas cuando se introducen, tienen un objetivo común: reducir el impacto ambiental.

En esta misma línea, Bruselas lleva tiempo poniendo el foco también en el consumo energético, especialmente en las viviendas, donde se concentra buena parte de ese gasto. Ventanas que no aíslan correctamente, edificios antiguos o sistemas poco eficientes son, en muchos casos, la explicación de un gasto energético cada vez mayor en los hogares.

Es por ello que, ahora, la UE ha decidido ir un paso más allá y endurecer las normas, con cambios que acabarán afectando directamente a millones de hogares en España. En concreto, la Unión Europea ha aprobado una revisión de la directiva de eficiencia energética de edificios que obligará a los países a reducir de forma progresiva el consumo energético del parque inmobiliario. El objetivo pasa por que los edificios sean cada vez más eficientes y, a largo plazo, climáticamente neutros.

Uno de los puntos clave es la obligación de actuar sobre las viviendas con peor calificación energética. En particular, la normativa pone el foco en los edificios más antiguos y menos eficientes, que serán los primeros en tener que adaptarse. Los Estados deberán establecer medidas para renovar estos inmuebles y mejorar su eficiencia, lo que en la práctica se traducirá en reformas como el aislamiento térmico, el cambio de ventanas o la sustitución de sistemas de calefacción.

Además, la normativa también refuerza el papel del certificado energético, que ganará aún más importancia tanto en la compraventa como en el alquiler de viviendas. De hecho, este documento será determinante para identificar qué viviendas deberán ser rehabilitadas antes y cuáles cumplen ya con los nuevos estándares.

Eso sí, la aplicación de estas medidas no será inmediata. Cada país deberá adaptar la normativa europea a su legislación nacional y definir los plazos concretos, así como los posibles mecanismos de ayuda para facilitar las reformas, especialmente en el caso de los hogares con menos recursos.

En cualquier caso, Bruselas ya trabaja con un calendario progresivo que sitúa en torno a 2030 los primeros objetivos para mejorar la eficiencia de las viviendas, con exigencias más estrictas que se irán endureciendo en los años siguientes.