La catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense y cofundadora de la Fundación Hay Derecho, Matilde Cuena, ha advertido en una entrevista en La Brújula con Rafa Latorre de que no basta con solicitar la prórroga del alquiler durante la vigencia del decreto para consolidar ese derecho. Según explicó, solo podrían acogerse a esa medida los contratos que hayan vencido en el periodo en que la norma estuvo en vigor.

Cuena sostuvo que el derecho a la prórroga nace cuando concurren dos condiciones: que el arrendatario la solicite y que el contrato haya vencido durante la vigencia del decreto. "Tienes que estar en la situación en la que te van a poner en la calle", resumió, al subrayar que no puede generarse un derecho sobre un contrato que todavía no ha expirado.

La jurista lo comparó con "aceptar una herencia de una persona que no ha muerto" para ilustrar que, si el contrato expira dentro de un año, no puede entenderse que la prórroga quede automáticamente consolidada solo por haberla pedido antes.

La catedrática fue más allá y alertó de que extender los efectos de una norma no convalidada por el Congreso podría rozar el "fraude constitucional". A su juicio, sería inaceptable que una disposición sin respaldo parlamentario siguiera produciendo efectos jurídicos hasta 2027, saltándose el control de las Cortes Generales.

Cuena defendió que debe hacerse una interpretación conforme a la Constitución, de modo que la prórroga solo opere cuando el contrato haya vencido dentro del tiempo de vigencia real del decreto. En caso contrario, advirtió, se abriría una discusión jurídica que puede acabar en resoluciones contradictorias.

Durante la entrevista, la jurista criticó que el debate sobre la vivienda se esté usando como "reclamo electoral" y afirmó que esa estrategia está trasladando al mercado una enorme inseguridad jurídica. Según dijo, muchos pequeños propietarios, en vez de subir rentas, podrían optar directamente por vender sus viviendas ante la incertidumbre normativa.

También señaló que no todos los caseros actúan con lógica especulativa. Recordó que hay propietarios que prefieren mantener a inquilinos cumplidores antes que asumir los sobresaltos de un marco jurídico inestable.

Preguntada por el riesgo de aumento de pleitos, Cuena coincidió en que la norma puede disparar la litigiosidad. Explicó que, si un arrendador y un inquilino discrepan sobre la validez de la prórroga, el procedimiento judicial puede prolongarse más allá del propio periodo de aplicación de la medida.

A eso añadió el riesgo económico de las costas judiciales y el clima de desconfianza que, a su juicio, se genera en un mercado ya deteriorado. También recordó que los tribunales están saturados y que los tiempos de desalojo son muy largos, por lo que la situación puede empeorar aún más.

Cuena defendió que, si el objetivo era aumentar la oferta de alquiler asequible, el Gobierno debería haber incentivado al mercado privado en lugar de intervenirlo con más inseguridad. En su opinión, las ayudas fiscales y otras medidas de estímulo habrían sido más eficaces que cargar sobre los propietarios privados la solución al problema de la vivienda.

La profesora insistió en que el problema residencial es real, pero advirtió de que cada nueva medida mal diseñada agrava la anterior. Esa, dijo, es la principal consecuencia de convertir la vivienda en una herramienta política.